La Dirección General de la Policía ha levantado las suspensiones de empleo y sueldo que pesaban sobre seis agentes del distrito Macarena desde hace casi tres años. Los policías están ya reincorporados y sólo se encuentran a la espera de que se les comunique el nuevo destino en el que trabajarán, ya que no regresarán a la comisaría del distrito Macarena y serán enviados casi con toda seguridad a otras demarcaciones. Mientras tanto, la investigación judicial del caso permanece completamente estancada y sigue sin visualizarse de manera íntegra el vídeo que constituye la principal prueba de cargo contra ellos. Se trata de una grabación de las cámaras de videovigilancia del local que registraron, Alimentación Dani Digi, ubicado en la Ronda de Pío XII, donde se vendía tabaco de contrabando.

El registro de esta tienda se produjo el 19 de mayo de 2015. La pareja que regenta el local, de nacionalidad rumana, denunció a los seis agentes de la Policía Nacional que registraron el inmueble y los acusó de apropiarse de 17.000 euros y tabaco, algo que los policías han negado desde el principio. La intervención policial fue recogida por las cámaras de seguridad del local, pero la grabación fue extraída por un informático amigo de la pareja y aportada a la denuncia, que los dueños de la tienda presentaron en la Unidad de Coordinación Operativa Territorial (UCOT, que en Sevilla ejerce las funciones de Asuntos Internos) en compañía de un inspector de la Brigada de Extranjería al que conocían de años atrás. Las defensas de los policías alegan que se ha roto así la cadena de custodia de la prueba, ya que la grabación aportada al juzgado no está completa y debería haber sido la propia UCOT quien se encargara de obtener el archivo original de su soporte. Los policías han pedido que se extraiga el vídeo original, pero tras casi tres años de investigación y numerosos intentos por parte de los informáticos de la Policía y de la Guardia Civil, esto ha resultado imposible.

El vídeo aportado por el matrimonio no puede acreditar que los policías intervengan el dinero porque sólo aparecen contándolo. En varias ocasiones, los agentes les devuelven los billetes a la pareja, primero en una caja de color amarillo y luego en una bolsa. Los funcionarios cuentan el dinero que hay en el negocio para comprobar si la cantidad excede del límite a partir del cual podría imputársele un delito de contrabando. Como no llegaba a superarlo, lo que hicieron fue intervenir las cajetillas que había y levantar un acta por una infracción administrativa. La acusación ha incidido en que uno de los agentes se lleva dinero al bolsillo y que otro mueve la cámara de seguridad que graba la escena. El abogado de los dueños del local incidió recientemente en que el vídeo no ha sido manipulado, aunque sí admitió que está incompleto. En uno de sus escritos al juzgado, asegura que para ver el vídeo "sería tan fácil como insertar el disco duro en la videograbadora".

Tras la denuncia de la pareja rumana se abrió una investigación por parte del juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, que mantiene a los policías investigados por tres delitos: cohecho, hurto y falsedad documental. En agosto de 2015, la Dirección General de la Policía decidió suspender de empleo y sueldo a los seis funcionarios. Esta situación se ha prolongado hasta ayer mismo, cuando por fin los policías firmaron sus reincorporaciones tras 32 meses sin poder trabajar.

Todavía no tienen sus destinos asignados. La Jefatura no quiere enviarlos de nuevo al distrito Macarena, pese a que el turno 3, del que formaban parte, era uno de los más activos en la lucha contra la delincuencia. Incluso algunos vecinos del Polígono Norte, una de las zonas más deprimidas del distrito, han expresado a este periódico que la suspensión de empleo y sueldo de estos policías, así como la baja de otro que sufrió un accidente al caerse de un tejado, se ha notado especialmente en la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia en la zona. Sin embargo, los seis agentes optaron recientemente por denunciar a su jefe por falso testimonio, con lo cual no es lo más recomendable que coincidan con éste en la comisaría.

Los agentes presentaron una querella contra este inspector jefe al entender que mintió en su declaración como testigo, que prestó el 14 de enero de 2016. En esta comparecencia, el inspector jefe aseguró que los policías registraron la tienda de la Ronda de Pío XII por iniciativa propia. Los agentes investigados, sin embargo, aportan en su denuncia un correo electrónico reenviado por la unidad de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior. En este correo se detallaban una serie de locales del distrito Macarena en los que supuestamente se estaba vendiendo tabaco de contrabando. La unidad de Participación Ciudadana había recibido una serie de quejas de los estanqueros, que alertan frecuentemente a la Policía de los lugares en los que ellos tienen conocimiento de que exista venta clandestina de cigarrillos y paquetes de tabaco. La tienda de la Ronda de Pío XII era el primero de los locales indicados en aquel correo electrónico. "En dicho documento, que venía de la Jefatura Superior, se acredita que fue él quien dio las órdenes", dicen los denunciantes en su querella.

Tampoco resultaría muy operativo enviarlos al distrito Macarena porque los seis agentes tienen vigente una orden de alejamiento de la pareja denunciante. Esta circunstancia ha sido esgrimida reiteradamente por la Dirección General para no levantar la suspensión de empleo y sueldo a los agentes cada vez que lo habían solicitado. Sin embargo, la orden de alejamiento sigue en vigor pese a que ninguno de ellos la ha quebrantado en casi tres años. Para poder trabajar y no vulnerar esta medida cautelar, los policías tendrían que hacerlo en los despachos o en puestos fijos de la comisaría y no patrullando por las calles del distrito.