La Gerencia de Urbanismo ha impuesto una sanción de 10.380 euros a una residencia de estudiantes que ocupa un edificio completo de cuatro plantas más la azotea a escasos metros de la Plaza Nueva por incumplir una orden de suspensión que tuvo lugar la pasada primavera.

Entre las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanísticas que exigieron los técnicos en el expediente se encontraba el deber de la propiedad de requerir la solicitud de autorización de obras y actividad legalizables en cumplimiento de lo establecido en el Plan General vigente.

En esa misma resolución sobre el negocio enclavado en el número 13 de la calle Albareda, la Gerencia solicitó la demolición de la piscina que cuenta con una superficie de 12 metros cuadrados y de la zona cubierta con una pérgola de unos 20 metros cuadrados instalada en la planta terraza del céntrico edificio. El promotor deberá recuperar el estado anterior de ese espacio del inmueble.

El expediente se inició tras una visita de agentes de la Policía Turística

La orden de cierre de la residencia de estudiantes comienza con un informe emitido a raíz de la visita realizada por agentes de la Unidad de la Policía Turística del Ayuntamiento de Sevilla, que lo primero que constata es que no hay antecedentes de licencia. En la inspección al edificio observan que se ha realizado una reforma menor consistente en la redistribución completa de todas las plantas. La primera quedó para oficina, salón de eventos, seis habitaciones y dos baños en una superficie de 204 metros cuadrados. La segunda para ocho habitaciones, dos baños, cocina y comedor con la misma superficie. En la tercera, ocho habitaciones, dos baños, cocina y comedor con esos mismos metros cuadrados. En la cuarta planta se crearon siete habitaciones, dos baños, cocina y comedor en 178 metros cuadrados. Urbanismo apunta en el documento que esta intervención puede considerarse legalizable mediante la presentación de la correspondiente solicitud de autorización de obras y actividad.

Lo más llamativo que vieron los agentes de la Unidad de la Policía Turística fue la ampliación por colmatación de la azotea, en la que se construyó una piscina y una cubierta de pérgolas. La Gerencia entiende que estas obras no son legalizables por encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación y no respetar las condiciones urbanísticas determinadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para estos casos. Detallan que tanto la piscina como la pérgola de la última planta se encuentran ubicadas en el nivel seis (por encima de la altura máxima reguladora señalada en el Plan General).