El PP ve un "pacto de silencio" en el decálogo del PSOE e IU por Mercasevilla

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La propuesta de Antonio Rodrigo Torrijos (IU) de un pacto político que garantice la paz social y recupere la imagen de Mercasevilla sólo fue ayer respaldada por el gobierno local. Los populares rehusaron sumarse a un decálogo que consideran más "de intenciones" que de soluciones en la gestión de futuro de la empresa, ya que en el documento se pide "un debate político y sano alejado de controversias", "dejar que los tribunales depuren las responsabilidades que correspondan", así como mantener las tasas que se cobran a los mayoristas por un porcentaje de sus ventas, todo ello con el fin de salvaguardar "el buen nombre" de la empresa y sus trabajadores". Según el consejero de Mercasevilla y concejal adjunto del PP, Beltrán Pérez, "el PP no aceptará jamás un pacto que gire en torno al silencio cómplice de la corrupción en Mercasevilla. Un cierre en falso sería el peor favor que podríamos hacerle a Merca. Pactos de silencio al PP, ninguno", dijo.

Los populares exigen medidas concretas para firmar el pacto por Mercasevilla. A saber, que se abra una comisión de investigación paralela a la investigación judicial, que se conozcan las cuentas de la auditoría de Deloitte, que el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín -como presidente del mercado central- lidere este pacto en lugar de hacerlo el vicepresidente segundo, y cambios claves en la gestión de la empresa. De este último punto resalta que se dejen de cobrar las tasas actuales a los mayoristas de pescado para conseguir una gestión "transparente, nítida y fácilmente aceptable por los ciudadanos", y que se aclare cómo se gestionan los tres mercados de abastos de barrios.

Los cobros que rechaza el PP se refieren a dos cánones que sólo se cobran a los mayoristas de pescado: uno de 2,05% sobre las ventas y facturación, y otro de 1,57% por el transporte de la mercancía por parte de personal propio de Mercasevilla. En declaraciones a este periódico, el presidente de los mayoristas de pescado, Antonio Vela, criticó que el gobierno quiera perpetuar estas tasas con un "pacto contra natura y contra la ley, porque esas tasas van contra la sentencia de la Audiencia Nacional que ratificó la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia".

En realidad, la sentencia de la Audiencia de 2006 que ratificó una resolución de 2002 del Tribunal de la Competencia no se pronuncia en ningún caso sobre esos dos cánones. Ambas instancias sólo condenaron a Mercasevilla por pagar a los mayoristas a las 72 horas de la venta de pescado y por cobrarles una comisión por adelantado de las ventas. Sin embargo, es cierto que dio la razón al Tribunal de la Competencia cuando censuró a Mercasevilla por "impedir el funcionamiento libre de los mercados mayoristas" y propuso elevar al Gobierno central una propuesta de reforma legal del Real Decreto en el que se basan estos reglamentos municipales. La ejecución de la sentencia no llegó a cumplirse por acuerdo de la dirección de Merca y los mayoristas, que la retrasaron para esperar el traslado a la nueva sede de Majarabique, algo que nunca llegó al saltar los casos judiciales por presuntas corrupción y venta irregular de terrenos.

Uno de los abogados de los mayoristas, José Rodríguez Fajó, aclaró a este periódico que la sentencia de hacer una Mercasevilla más libre tiene que cumplirse "porque es el único mercado de España que aplica estos cánones en la venta de pescado" y sólo pedimos "negociar un calendario" para que desaparezcan esos cánones. El PP comparte esta misma posición.

Los populares dejaron claro que "la gestión de Mercasevilla debe seguir siendo pública", como toda la red de mercas de España, y que la plantilla del mercado tampoco es ningún escollo para que firmen el pacto. Torrijos recalcó ayer que no habrá privatización en Mercasevilla, pero que está abierto a negociar mejoras en la gestión actual con todos los colectivos de mayoristas y minoristas que integran el mercado cuando acaben estas fiestas.

El PP asegura que la posibilidad de sumarse al pacto depende del consejo de administración de Merca del próximo enero, cuando el gobierno promete tener lista la auditoría de cuentas de Deloitte.

Respecto a la comisión de investigación que reclama el PP, Torrijos declaró que esta propuesta se contradice con el objetivo de normalización de la empresa y que la investigación debe ceñirse a los tribunales. "Eso daría hegemonía al hecho judicial y no a la recuperación de la empresa alimentaria", afirmó.