"Ponemos a Hacienda en la pista de 300 empresas piratas"

Acomienzos de año, Faitel, la Asociación Andaluza de Instaladores de Telecomunicaciones, lanzó una campaña con el lema Yo voy de legal, ¿y tú?. Por su parte, Epyme, la Asociación Sevillana de Empresas Instaladoras (y en Sevilla se calcula que hay dos mil instaladores), sacaba otra campaña con el eslogan En tus instalaciones no te la juegues. Ambas para persuadir de los perjuicios que comporta la prestación de servicios desde la economía sumergida. El limbo en el que amenazan refugiarse muchos empresarios y autónomos para sobrevivir a la durísima crisis. Con la coincidencia de fines, Gerardo Parejo habló con José Manuel Muñiz, que está al frente de Faitel, para poner en marcha la Plataforma Multisectorial contra la Economía Sumergida en Andalucía, donde se barrunta que está el 25% de la actividad productiva. Otras federaciones empresariales como Fapie y Fraef se han unido. Gerardo Parejo calcula que "sólo en Sevilla y provincia desde el 2007, se han perdido en el sector de las instalaciones más de 5.600 puestos de trabajo y más de 300 empresas".

Ingeniero técnico industrial eléctrico, Gerardo Parejo es desde hace 38 años profesor en la enseñanza pública, casi todo el tiempo en la Escuela Politécnica, en Los Remedios, y en los últimos años en el Instituto Atenea, en Mairena del Aljarafe, donde sigue impartiendo Grado Medio y Grado Superior de Instalaciones Eléctricas. Desde 1994 está al frente de la gestión de Epyme, asociación que englobó en su fundación (1977) a los instalaciones de electricidad, y desde 1989 también a los de fontanería, gas, climatización, contraincendios, etc. Su primer presidente fue el empresario Fernando Mariscal. "Vio que yo era una persona muy interesada en potenciar la formación de quienes estaban abocados a ser los trabajadores de empresas como la suya, de instalaciones eléctricas. En Epyme empecé hace 30 años a dar cursos a personas que necesitaban obtener el carné de instalador. Con la crisis económica de 1993, hubo directivos de Epyme que me ofrecieron reactivar la asociación. Acepté, a cambio de que ellos aceptaran que pudiera compaginar esa labor con seguir en la docencia. En estos 18 años, la asociación ha crecido mucho. Eran 300 empresas y en 2008, antes de agravarse la crisis, eran más de 1.100. Ahora ha bajado la cifra a algo más de 900. Y contamos con mil metros cuadrados en la Cartuja para nuestras oficinas y nuestros talleres de formación".

-¿Cómo están soportando la crisis en las empresas de su sector?

-De las que sobreviven, que son la mayoría, muchas han reducido plantillas. La morosidad les hace estragos. Las hay que han pasado de 50 a 20 trabajadores. O de 15 a 2. Por eso estamos elaborando un plan estratégico, mirando al 2015, para buscar nuevas vías de empleo. Sobre todo con la implantación de las energías renovables.

-¿El intrusismo es sólo de poca monta y de chapuzas?

-Qué va, muchos ciudadanos no saben que lo hay también de alto nivel. De personas metidas en las compañías eléctricas, o de funcionarios municipales, y por las tardes trabajan de modo sumergido haciendo instalaciones incluso de naves industriales. Y la gente les coge pensando que son más baratos porque no pagan impuestos.

-¿Cómo combatir el intrusismo?

-La clave es concienciar el consumidor de que ni es barato ni es seguro. Una instalación hecha por un profesional legalmente constituido tiene como mínimo la garantía que marca la ley. De la otra forma no tiene ninguna garantía. Ni tampoco si ocurre un percance durante los trabajos. Ni si se quema el frigorífico o la lavadora.

-A muchos ciudadanos les parecen muy abusivos y caprichosos los precios que se cobran por ir a casa a hacer una reparación.

-Para competir, ya hay muchos que no cobran el desplazamiento. Ni tampoco por elaborar un presupuesto, sin compromiso de hacer ese trabajo. Puede que un profesional sea más caro, pero no le faltan clientes porque se corre la voz de su calidad y eficacia, le hace hasta los trámites en Industria y con Endesa. Y ser caro no tiene por qué garantizar ser bueno, los hay que cobran mucho pese a hacerlo mal.

-¿Abusan de todo lo que ignora el cliente?

-Algunos sí, son los menos, afortunadamente. Nosotros hemos expulsado de la asociación a empresas del gas que se han aprovechado de personas muy mayores. No somos corporativistas. Hay que justificar lo que se cobra: los materiales, el desplazamiento, la mano de obra... Ahora, un instalador tiende a cobrar la mano de obra a 15 o 20 euros la hora. Y no puede permitirse subir más los precios, porque otro lo haría más barato, mientras que en un taller oficial se cobra de 40 a 50 euros la hora.

-¿Y los proveedores?

-Estamos quejosos de la actitud de algunos almacenes al por mayor, con la crisis han decidido venderle a todo el mundo y no sólo a los profesionales. Y prácticamente le cobran lo mismo al particular que al instalador, porque el primero paga a tocateja y el segundo lo hace con demora de hasta incluso 120 días. Los porcentajes de descuentos son hasta de un 60 o 70% en cables, lámparas, protectores, etc., y de un 35 al 40% en pequeños materiales.

-¿Siguen siendo muy pocos los ciudadanos que reclaman?

-Así es, por desgracia. Si hubiera costumbre, no habría tantos abusos. El ciudadano se queda en el desahogo cuando piensa que le han cobrado de más. Debe despabilarse, hoy con internet es fácil saber cuánto valen las cosas.

-¿Una empresa honrada, cuánto deja de ingresar por el avance de la economía sumergida?

-Calculamos que casi la mitad de la actividad que podría tener. Esperemos que la Administración estatal y la autonómica se den cuenta de la magnitud del problema y mejoren sus inspecciones. Si se redujera el porcentaje de fraude, y se calcula que supone cien mil millones de euros al año en España (lo mismo que el rescate europeo a la banca española), se podría salvar mucho bienestar social. Un fraude que está creciendo es el cometido por trabajadores del sector que han sido despedidos, y, como conocen a los clientes, no se dan de alta y les ofrecen trabajos a menor coste.

-¿Y qué puede hacer un ayuntamiento como el de Sevilla?

-La Policía Local tiene competencias para llegar a una obra y pedir papeles. No sólo la licencia, sino la identificación vía carné de instalador eléctrico, por ejemplo. Y que levante acta, documento que favorecería iniciar un expediente en Hacienda, Industria o Consumo.

-Un ejemplo de cómo ponen en evidencia el intrusismo.

-Recuerdo cómo convencimos a la delegada de Industria, María José Fernández, actual alcaldesa de Lebrija, para demostrar que cualquiera podía comprar un boletín de instalación en tiendas no habilitadas para ello. Había una en Doctor Fedriani, y compré materiales para montar un cuadro eléctrico en una vivienda. Como titular di el nombre de la delegada, y como domicilio el mío. La delegada comprendió que le vendían a cualquiera.

-¿Es posible erradicar la comprensión social hacia quien trabaja sin facturar y tributar?

-Todavía son pocos los ciudadanos que lo identifican a menos dinero para los colegios de sus hijos, los ambulatorios de su familia o las pensiones de sus padres. Nuestros mensajes van en esa línea. Además, el trabajador ilegal causa la desaparición de trabajadores, la empresa ilegal causa el cierre de otras empresas por no poder competir en igualdad de condiciones. A Jorge Ramírez, delegado de la Agencia Tributaria en Andalucía, le he animado a que hagan una campaña de publicidad tan impactante como las de la DGT para reducir los accidentes de tráfico. Porque todavía se respira demasiada permisividad al engaño.

-Las calles están llenas de carteles para ofrecer servicios técnicos.

-Y también hay muchos que se publicitan en internet. Estamos rastreando los datos de 300 empresas piratas en Andalucía que usan ese modo de captar clientes. Les llamamos como un particular y les hacemos preguntas para ver qué instalaciones hacen, qué boletines venden, si dan factura con IVA, etc. Esas pesquisas las vamos a poner en manos de la Agencia Tributaria.

-¿El contexto de escándalos y corrupción en la política, la banca, etc., es el peor enemigo a su campaña de defensa de la legalidad?

-Pesa en el ánimo. Mejor ni pensarlo, para no desanimarnos.

-¿Qué se está haciendo bien y qué mal en el sistema educativo?

-La Formación Profesional ha mejorado. Le falta un gran cambio: que la mitad de sus horas sean prácticas en las empresas. Ahora son sólo 300 horas de las 2.000 lectivas, deberían ser 1.000 horas, el 50% como en Alemania. El mayor problema en el sistema educativo está en la actitud de los alumnos, la mayoría son pasivos y poco emprendedores. En sus vidas no les ha faltado de nada y no saben valorar el esfuerzo que supone sacar adelante unos estudios. Como tutor, le he dicho a muchos padres que me parecían mal los regalos que les iban a hacer a sus hijos, porque no se los merecía. Muchos alumnos van a clase a perder el tiempo. Es penoso tener que andar llamándole la atención a tíos con 18 o 20 años en Grado Superior, para que estén atentos y aprendan. Y esa actitud también era habitual en los años de bonanza, no sólo ahora que cunde el desánimo laboral.