La edad con la que los hijos disponen de su primer móvil disminuye cada vez más llegando a alcanzar los 13 años, la proliferación de perfiles en las redes sociales a la vista de cualquier desconocido, y la aparición de nuevas formas de acoso, como el ciberbullying o el sexting pueden empujar a los padres a supervisar las redes sociales y los dispositivos del menor quebrantando su intimidad aun sin su consentimiento, pero ¿Pueden hacerlo?

Actualmente no existe norma que avale si los padres tienen o no una facultad de vigilancia sobre los dispositivos y plataformas sociales del menor. Este vacío legal se está tratando de llenar con numerosas sentencias pioneras rolando entre la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996 y el Código civil que data del año 1889. Leyes antiguas para tiempos modernos que no han podido adaptarse a la velocidad de los cambios sociales y los avances tecnológicos.

Los tribunales buscan solventar ese conflicto de derechos paterno-filiales. Por un lado, tenemos la patria potestad de los padres, que es el conjunto de derechos y obligaciones que la Ley concede a los padres sobre las personas y bienes de los descendientes. Por otro, el derecho a la intimidad y privacidad inherente a todas las personas, incluido los menores.

La jurisprudencia mayoritaria se decanta a favor del ejercicio de la patria potestad frente al derecho de intimidad del menor. Entiende que la obligación de velar por los hijos abarca y justifica esta invasión a la privacidad, estando obligados a actuar si ven comportamientos irregulares o atípicos.

Dos son los requisitos para poder ejercer este derecho in vigilando: El primero es que la supervisión debe estar motivada por el interés del menor. El segundo requisito es la proporcionalidad, no solo por los medios empleados, sino que también tenemos que tener en cuenta la madurez y edad del menor, de manera que no perdamos su confianza.De este modo, no solo protegeremos a nuestros hijos ante cualquier agresor, sino que impediremos que puedan llegar a ser los agresores, evitándonos responder patrimonialmente por ellos en el caso de una hipotética condena.

La mejor solución sin duda es la moderación y el uso responsable de las tecnologías por los menores, y que mejor manera de inculcar esos valores que dando ejemplo nosotros mismos.