La Universidad de Sevilla, a través de su Consejo de Gobierno, ha aprobado la modificación de su protocolo de acoso, introduciendo mejoras que refuerzan la prevención y agilizan la tramitación de las actuaciones. 

Los principales cambios afectan a las formas de acoso contempladas, e incluye no sólo el acoso discriminatorio, laboral, sexual y por razón de sexo, también la discriminación y el acoso por orientación sexual, por identidad y expresión de género y el ciberacoso, aspectos que no contemplaba el texto vigente hasta ahora, aprobado en 2013. 

La institución académica fue muy criticada por su actuación el pasado año cuando un juzgado de Sevilla condenó a siete años de prisión al ex decano de la Facultad de Ciencias de la Educación Santiago Romero Granados por haber abusado sexualmente de dos profesoras ayudantes de su departamento y una becaria de investigación entre los años 2006 y 2010. 

Cuando ocurrieron estos hechos, la Hispalense carecía de protocolo de actuación contra el acoso laboral, sexual o por razón de sexo. Sólo contaba con una declaración de principios a pesar de que la Ley Orgánica del 22 de marzo de 2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, en el artículo 62, obligaba a las universidades, como administraciones públicas, a diseñar un protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual y sexista. Este texto no llegó a la Hispalense hasta 2013, pero, a pesar del retraso, la Universidad de Sevilla fue de las primeras instituciones en aprobarlo. 

Tras la condena del profesor Santiago Romero, el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, se comprometió en enero de 2017 a modificar el protocolo de actuación, algo que hoy ya es una realidad.

Además de las formas de acoso contempladas, el nuevo texto refuerza la dimensión preventiva con la incorporación de nuevos canales de comunicación, el refuerzo de una línea de asesoramiento, de un plan de mediación y la constitución de una red de referentes en los centros para la convivencia y buen trato.

Con el nuevo protocolo, según ha explicado este martes la Universidad de Sevilla, se pretende agilizar la tramitación del procedimiento de actuación ante una solicitud de intervención por acoso. También se incrementan las garantías de confidencialidad y la posibilidad de adoptar medidas que mejoren el clima laboral, en el marco de la ley de prevención de riesgos laborales, en todo el proceso.

Otra de las novedades es la modificación de la composición del comité para la prevención, evaluación e intervención ante el acoso (CPEIA). Concretamente, se excluye a la Defensoría Universitaria con el fin de que la comunidad universitaria no pierda un ámbito de reclamación en el caso de que se considere que el CPEIA ha vulnerado sus derechos.

Asimismo, se cambia el procedimiento de elección del representante del personal docente e investigador (PDI), del personal de administración y servicio (PAS) o alumnado que forma parte del comité. En este punto, se establece que se elegirá por sorteo de entre la lista de delegados de prevención en los casos de acoso laboral. En otros tipos de acoso se elegirá de la lista conjunta de delegado de prevención y las personas que formen parte de la red de referentes para la convivencia y buen trato. En el caso de que el representante deba ser un estudiante, éste se elegirá por sorteo de entre la lista conjunta de representantes estudiantiles y los alumnos que forman parte de la red de acompañamiento de mujeres víctimas de violencia de género.