La Gerencia de Urbanismo aseguró ayer a este periódico que el viernes pasado recurrió en plazo la sentencia de las setas de la Encarnación que le obliga a pagar a la constructora Sacyr una indemnización de 36,5 millones de euros por supuestos incumplimientos del contrato.

Sin embargo, hasta ayer a las dos de la tarde el recurso no había llegado a la Sala de lo contencioso de Sevilla, según confirmaron a este diario fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del que depende esta instancia judicial.

A falta de presentar un documento que lo pruebe, Urbanismo mantiene que disponía de plazo hasta ayer lunes para presentar el recurso judicial y que no ha agotado el plazo porque lo presentó "el pasado viernes 8 de mayo por parte del jefe del Servicio de la Asesoría Jurídica, Rafael Rodríguez-Varo". Según la Gerencia, el plazo de 15 días dado por la juez concluyó ayer mismo porque había que contar las jornadas desde que el Ayuntamiento recibió la notificación del fallo.

El fallo obliga igualmente al Consistorio sevillano a hacerse cargo de por vida del mantenimiento de este edificio diseñado por el estudio del arquitecto alemán Jürgen Mayer, lo que libera a la empresa del contrato que le obliga a explotarlo y mantenerlo durante 40 años.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla número 5 falló a finales de abril a favor de la constructora Sacyr y en contra de los intereses del Ayuntamiento. La mayor parte del cálculo de la indemnización se ha hecho tomando como base los informes aportados por Sacyr, al no existir un contrainforme municipal, según consta en la propia sentencia. La empresa pedía 20,6 millones por lucro cesante; 13,2 millones por inversión no amortizada, además de 1,4 millones por retrasos y alquileres no cobrados por el retraso en la entrega del edificio de oficinas de la Plaza de la Encarnación 24 y otras cantidades menores que la juez ha dado por buenas. Este hecho supone que la Gerencia no rebatió ante el Juzgado las cantidades exigidas por la concesionaria Sacyr, que presentó la denuncia en 2012. Esta pasividad del Ayuntamiento es destacada expresamente por la juez.

En la sentencia, publicada por este periódico el 23 de abril, la juez Luque Piñana considera que "los incumplimientos de la Administración se traducen en el impacto económico que han tenido sobre el contrato, que conforme a la prueba practicada por la recurrente y no rebatida de contrario, a modo de resumen suponen que el impacto sobre la Tasa Interna de Retorno (TIR) que se fijó en el contrato en el 7,3% quede reducida al 3,7%", especifica el apartado duodécimo de los fundamentos de derecho de la sentencia.