Los vecinos de la calle sevillana Manuel Arellano afectados por las obras del parking de Crucero Baleares, en Ronda Triana, han iniciado este lunes los trámites judiciales de reclamación por los daños causados con la interposición de un recurso contencioso-administrativo, tras haber encargado dos nuevas mediciones topográficas por un terremoto reciente -que propició la caída de piedras en el inmueble- y arrojar éstas como resultado el movimiento del edificio en hasta un centímetro y medio en algunos puntos de la construcción.

Según informaron fuentes del caso, durante las últimas semanas, en que se ha estudiado y documentado esta actuación, no se ha recibido oferta alguna por parte de la promotora del aparcamiento -declarada responsable de los daños por el Ayuntamiento en una resolución reciente-, de la empresa constructora, de sus aseguradoras ni del Ayuntamiento. 

Con ello, son ya más de dos años los que los vecinos llevan "soportando los daños, que siguen aumentando, sin que ninguno de los responsables haya hecho el más mínimo acercamiento para ofrecer algún tipo de compensación o reparación, ni una simple disculpa", señalaron las fuentes consultadas.

Recientemente, los afectados recibieron notificación oficial sobre la resolución del Ayuntamiento de Sevilla respecto a la reclamación patrimonial por valor de 1,2 millones de euros interpuesta por vía administrativa, y que el Consistorio resuelve negativamente bajo la argumentación de que satisfacer esta petición no es competencia de la corporación local.

Por parte del Consistorio, el concejal de Movilidad, Francisco Fernández, ya señaló que, en todo caso, es a la empresa constructora y a las tres aseguradoras vinculadas a la habilitación del parking -la de la propia constructora, la del aparcamiento y la de la empresa de pantallas- a las que corresponde determinar la idoneidad de esta medida.

Sin embargo, indicó Fernández, para ello es "imprescindible" la colaboración vecinal, algo que según el edil socialista no se ha producido, puesto que "en reiteradas ocasiones los técnicos han intentado personarse en los domicilios particulares y en el edificio en su conjunto para valorar los daños, con voluntad asimismo de intervenir sobre la junta de dilatación, y no se les ha dejado entrar".