El colapso de los juzgados de lo Social de Sevilla sigue siendo una realidad que cada día afecta a miles de ciudadanos y que provoca situaciones vergonzosas. Un juzgado ha adelantado más de 14 meses el juicio por la demanda presentada contra la Seguridad Social debido a la grave enfermedad del demandante, que padece un cáncer.

La demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la revisión de la base reguladora de la incapacidad permanente absoluta concedida a este hombre fue presentada el 8 de octubre de 2015 y el juzgado de lo Social número 9, al que había recaído el asunto, fijó la celebración del juicio para las nueve y cuarto de la mañana del día 31 de enero de 2018. Es decir, la vista oral tendría lugar inicialmente más de dos años después de que se presentara la demanda, una demora que, no obstante, no es de las más grandes que hay en los juzgados de Sevilla, donde se están fijando incluso juicios para el 2019.

Tras recibir la citación para la vista oral, la abogada Blanca Moeckel, que representa al demandante, presentó un escrito en el juzgado en el que ponía de manifiesto la gravedad enfermedad que sufre esta persona y solicitaba expresamente un adelanto de la fecha para que el juicio pudiera celebrarse "en un hueco" en la agenda del juzgado, que pudiera derivarse de un acuerdo judicial entre las partes de un procedimiento o una vista cuya suspensión pudiera preverse con un tiempo prudencial.

En ese escrito, la letrada expuso que su cliente había sufrido un cáncer y tenía otra serie de patologías por las que le había sido reconocida la "incapacidad absoluta" para trabajar, y lamentó el "largo periodo de tiempo" que restaba hasta el señalamiento del juicio. La abogada pidió el adelantamiento del juicio al considerar que se trataba de un "caso excepcional", de acuerdo con la posibilidad que establece el artículo 182.4.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que faculta a los letrados de la Administración de Justicia -antes secretarios- para alterar el orden de la agenda de señalamientos en los casos excepcionales.

A raíz de esta petición, la letrada de la Administración de Justicia dictó una diligencia de ordenación en al que acuerda adelantar al 26 de octubre de este año la vista oral, una vez acreditada ala "gravedad de la enfermedad padecida por el actor" y todo ello después de que se haya producido un "desistimiento de la acción" de otro pleito fijado para esa misma fecha, precisa la resolución del juzgado.

Blanca Moeckel mostró ayer su "enorme agradecimiento" al juzgado por la decisión de anticipar el juicio, si bien consideró "asombroso que para adelantar un juicio sea necesario padecer un cáncer". Esta situación lleva a la letrada a preguntarse si la "enferma es la Justicia o los justiciables tienen que estar enfermos para que ésta sea rápida", aseveró. "Como se puede comprobar, la Justicia sigue siendo muy lenta, al no disponer de los medios suficientes para resolver los procedimientos dentro de los plazos legales y prudentes", añadió Blanca Moeckel.

Y no le falta la razón a la abogada, puesto que el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), consciente de la situación de colapso de los órganos judiciales, propuso en noviembre pasado un plan de choque que consiste en la adscripción de cinco jueces de refuerzo que trabajaran de forma colegiada, tres letrados de la Administración de Justicia -los antiguos secretarios judiciales- y veinte funcionarios.

Ese acuerdo de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz fue enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que actualmente está a la espera de su aprobación una vez que la Consejería de Justicia e Interior de la Junta adscriba a los funcionarios necesarios para desarrollar el plan, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales.

Actualmente los 11 juzgados de lo Social de Sevilla cuentan con un refuerzo de tres jueces de Adscripción Territorial (JAT), que resultan insuficientes para aliviar la sobrecarga y el retraso de asuntos que acumulan estos órganos judiciales.

Las mismas fuentes explicaron que hasta que la Junta no apruebe la llegada de más funcionarios no se podrá poner en marcha el plan de choque, porque aunque se aprobase la incorporación de nuevos jueces, la situación no mejoraría si no hay funcionarios que puedan tramitar las sentencias que dicten los magistrados.

Además de los jueces y funcionarios, hacen falta más salas de vista para celebrar los juicios. El acuerdo del TSJA consideraba que as medidas de apoyo no estaban resultando eficaces para reducir la pendencia de asuntos en estos juzgados, y lo achacaba a la "existencia de un número de funcionarios insuficientes para los refuerzos, lo que provoca numerosas suspensiones de los señalamientos". Ahora la pelota está en el tejado de la Junta, donde lleva desde hace cinco meses.