El amianto causa uno de cada dos casos de cáncer de origen laboral en España
El catedrático que dirige el proyecto ministerial sobre los riesgos del amianto lamenta que este problema de salud pública es "invisible".
El experto que dirige el proyecto sobre los riesgos del amianto en España por encargo ministerial, el catedrático de Historia de la Ciencia Alfredo Menéndez Navarro, de la Universidad de Granada, ofrece las cifras actualizadas de fallecidos por el amianto en España: 4.987 personas afectadas por mesotelioma, un cáncer que en el 85% de los casos tiene su origen en una exposición laboral al amianto y en el 20% restante por respirarlo en el ambiente. Los datos corresponden a los años 1977 a 2010 y proceden del informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 2011 (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo).
El equipo del epidemiólogo Gonzalo López-Abente calcula que en el próximo quinquenio (2016-2020) el número de fallecidos por mesotelioma en España se situará en torno al millar. Si hablamos de enfermos, las cifras de atendidos por neoplasias malignas de pleura y asbestosis en el Sistema Nacional de Salud asciende a 8.870 y 519 ingresos respectivamente, según el registro de altas de hospitalización de 1997 a 2011.
"Hablamos, en cualquier caso, de una de las principales causas de muerte de origen laboral. Uno de cada dos cánceres atribuibles al trabajo en Europa y en España está provocado por el amianto. Las cifras de mortalidad por mesotelioma dan una imagen de la magnitud del problema. Otra cuestión es que resulten invisibles para la opinión pública", lamenta Menéndez en una entrevista concedida a este periódico justo cuando este lunes comienza en Sevilla el primer juicio colectivo contra Uralita sobre 25 casos de ex trabajadores afectados por el amianto.
Las estadísticas de trabajadores expuestos que respiraron el amianto y desarrollarán la enfermedad es mucho más alta. La horquilla oscila entre los 60.000 que estimó en 1991 el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene y los más de 200.000 que señalan algunas fuentes sindicales. A ellos habría que sumar los vecinos y familiares que lo respiraron en el ambiente, ya que la ropa de trabajo se lavaba en casa.
A la pregunta de si ve posible que prospere este juicio en Sevilla contra Uralita, el catedrático no puede aventurarlo, pero resalta "el carácter injusto de un procedimiento que obliga a que la carga de la prueba recaiga siempre sobre las víctimas y un sistema que sólo actúa cuando se ha producido el daño".
En cuanto a si ve clara la responsabilidad de la empresa, lamenta que "el primer obstáculo para valorar la actuación de Uralita es la imposibilidad de acceder a su archivo empresarial", a los registros de las revisiones médicas de sus trabajadores. La empresa se niega a facilitarlos.
Considera "evidente que las empresas del amianto españolas conocían desde comienzos de la década de los setenta del siglo pasado los riesgos cancerígenos del amianto" y añade que "en el caso español, el cumplimiento de una normativa laxa y escasamente efectiva, incluso para los estándares de la época, no puede ser una eximente para la responsabilidad legal de las empresas del amianto".
Opina que las medidas de prevención de la legislación española de la época resultaron fácilmente asumibles por las empresas por su bajo nivel de exigencia y por la escasa vigilancia sobre su cumplimiento, "pese a que en otros ámbitos sociales y jurídicos comercializar un producto a sabiendas de su potencial efecto dañino es delito".
Este investigador reclama la necesidad "absoluta" de hacer visible el problema de salud pública del amianto y se queja de que "en este país las enfermedades profesionales son invisibles como lo era hace años la violencia de género". Cree que tendría que tener la importancia que se da a las víctimas del terrorismo, la violencia de género y los accidentes de tráfico.
Respecto a las estadísticas de enfermos, hay menos casos reconocidos de los que realmente existen. "Hay consenso de los estudiosos de la salud laboral sobre el elevado grado de subdeclaración e infrarregistro de las enfermedades laborales en nuestro país, y del amianto en particular. Un buen exponente de la magnitud de este problema es la comparación entre las 4.987 personas fallecidas en nuestro país por mesotelioma y los 101 casos de cánceres del amianto reconocidos por la Seguridad Social en ese mismo periodo", aclara.
Las diferencias entre los casos reconocidos en España y el resto de Europa siguen siendo considerables porque aquí se reconocen menos casos. Según el último informe europeo con datos de 2000 (Informe Eurogip), "somos el país europeo que menos asbestosis y cánceres del amianto registra como enfermedad profesional, pero no por el menor consumo de amianto en nuestro país, ligeramente inferior al de los países mencionados, o por las diferencias en el tejido industrial. El principal factor explicativo son las deficiencias de nuestro sistema compensador".
En suma, que España reconoce menos casos: 35 veces menos casos de asbestosis que Alemania, 21 menos que Bélgica, y 15 menos que Francia e Italia. Respecto al cáncer, Noruega reconoce 183 veces más cáncer causado por el amianto que España, Dinamarca 133 veces más, Francia 124 más e Italia 41 más.
Por eso hay más casos de afectados desde 2007 en España mientras en Europa desciende. "En España, el ascenso observado a partir de 2007 indica que estamos comenzando a reconocer cifras más cercanas a la realidad",explica.
Opina que ahora se reconoce más este problema por "la creciente litigación por daños del amianto en nuestro país, las campañas sindicales de denuncia e información, los reconocimientos médicos en los astilleros estatales, la creación de consultas específicas de asbestosis en ciudades como Ferrol y el Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos al Amianto, uno de cuyos objetivos es favorecer el reconocimiento médico-legal de las enfermedades de la exposición profesional al amianto".
Considera que se podía haber evitado la elevada incidencia de enfermedades causadas por el amianto desde que en 1976 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer estableció que todos los tipos de fibras de amianto podían provocar mesotelioma y carcinoma de pulmón y negó la posibilidad de definir niveles seguros de exposición a esta sustancia. Cree que con "medidas más radicales de prohibición, sin duda hubiéramos reducido el legado de enfermedad y muerte que seguirán provocando las exposiciones ocurridas en los 80 y 90". Y recuerda que el consumo de amianto sigue creciendo en economías como China o India, a las que llegará también "el impacto de este grave problema de salud pública". En su opinión, son responsables de lo sucedido "las prácticas empresariales de negación y ocultación de los riesgos del amianto a la población laboral expuesta y a la ciudadanía; la administración laboral y el propio sistema experto de gestión de los riesgos laborales ha contribuido a minimizar el problema del amianto, consagrando la confianza en el control técnico de dichos riesgos, lo que a la postre ha generado una subestimación de los mismos".
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