El coche 'ponemultas' sancionó el año pasado 27.500 infracciones

El coche ponemultas, que entró en funcionamiento en enero de 2007 como fórmula disuasoria para las infracciones del tráfico rodado en Sevilla y que permanece desde hace casi tres semanas aparcado por la finalización del renting, interpuso unas 27.500 sanciones durante el año pasado, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

Esta cifra representa casi una cuarta parte del total de infracciones que denuncia la Policía Local. En concreto y según las estadísticas del año 2008 -las últimas que se conocen-, la Policía Local presentó 117,922 denuncias por infracciones de tráfico, con lo que, si se comparan con las impuestas con el ponemultas, éstas representan el 23,32% del total.

El radio de acción del vehículo se centra en las avenidas grandes -donde más se sufre el fenómeno de la doble fila- como en el carril bus que discurre por la avenida de Carlos V desde Diego de Riaño hasta el Prado de San Sebastián, la avenida de Luis Montoto, Eduardo Dato o Juan Antonio Cavestany, todas ellas en el barrio de Nervión, "la zona donde más se suele concentrar este tipo de irregularidades".

Los últimos problemas registrados en el polémico ponemultas -que en sus primeros momentos tuvo dificultades de software que obligaron en varias ocasiones a detener su actividad- se han producido por el agotamiento del renting, razón por la cual el Ayuntamiento debe comprar el vehículo y ponerlo a su nombre para poder cumplimentar la documentación correspondiente.

De hecho, fuentes del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) explicaron ayer que el vehículo "no ha llegado a funcionar bien al cien por cien", ya que éste siempre tenía algún problema, bien fuera por las cámaras, por el sistema informático o en el sistema de notificación de las sanciones. Respecto a esta última deficiencia, ya superada, el sistema informático inicial con que contaba el coche era muy completo --permitía, entre otras cosas, operaciones relacionadas con barridos de seguridad o registros de vehículos robados-, mientras que el que vino a continuación, según el sindicato de la Policía Local, no contaba con tantas prestaciones.

Así, se daba la circunstancia de que si el ponemultas hacía un recorrido de ida y vuelta por una vía y registraba un vehículo en infracción, este mismo vehículo era multado dos veces si no era retirado en ese lapso de tiempo, lo que obligaba a un trabajo "exhaustivo" de los agentes de la Policía Local que conducen el coche.

El vehículo, que costó 72.000 euros a las arcas municipales y que fue adquirido a la empresa Quality, permaneció durante más de nueve meses con problemas relacionados con el software. El ordenador de a bordo del ponemultas tuvo provocó distintas incidencias a la hora de procesar imágenes, al quedarse congeladas, no detectando de forma correcta ni matrículas, ni marcas, ni modelos de los vehículos infractores.