El equipo de José Luis Sanz ha activado una “asistencia técnica especializada” para finalizar la redacción definitiva de los planes especiales de protección de los sectores urbanos correspondientes a la Catedral y el Real Alcázar, merced a los compromisos con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que en 2013 daba cuenta de que la previsión entonces era concluir dicha tarea ese mismo año.

Durante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno, el concejal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, rememoró ayer que en diciembre de 2021 el Pleno aprobó dos mociones de su formación y del grupo de Adelante Sevilla, a instancias de la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), en demanda de revisar la documentación de los planes especiales de protección de los sectores urbanos correspondientes a la Catedral y el Real Alcázar, de cara a su autorización provisional “en un plazo máximo de 15 meses”.

La Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias, principales monumentos de la ciudad y buques insignia del turismo sevillano, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1987. Su destino como Patrimonio Mundial estuvo hace años marcado por la torre de 178 metros de altura que promovía Cajasol en el sector Sur de la Isla de la Cartuja, una localización que dista aproximadamente 1.600 metros del enclave del casco histórico donde se alzan los citados monumentos.

La propuesta de resolución elevada a debate en 2012 en la XXXVI sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco consideraba que el proyecto de la torre suponía un “impacto visual altamente adverso” sobre la localización de estos monumentos y su relación con el río Guadalquivir y el resto de monumentos de la ciudad. La propuesta en cuestión, sustentada en las recomendaciones del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés), abogaba por incluir a estos monumentos en la lista del Patrimonio Mundial en peligro y reclamar a España, como estado miembro de la Unesco, la “suspensión inmediata de todo trabajo” en la torre, diseñada por el arquitecto César Pelli.

Esta propuesta no prosperó y la resolución definitiva de la Unesco daba cuenta del “impacto visual altamente negativo” del proyecto, pero sólo reclamaba una serie de medidas para “evitar desarrollos similares en el futuro” en la ciudad hispalense y mitigar los efectos visuales de la torre sobre el paisaje histórico.

El gobierno municipal apunta que se trata de un asunto “prioritario y fundamental”

Ya en junio de 2013, en el marco de la XXXVII sesión del Comité de Patrimonio Mundial, la Unesco daba cuenta de los “progresos” alcanzados en la “finalización y aprobación de planes especiales de protección para los sectores del Conjunto Histórico” con la previsión de conclusión de los mismos “en 2013”, así como la previsible “cobertura completa” de la zona de ‘amortiguamiento’ de los monumentos con dichos planes especiales y el empeño de las autoridades locales por “establecer adecuadas medidas de control” de cara a las nuevas construcciones.

Adepa alertaba a finales de 2021 de que varios de los citados planes especiales de protección seguían sin estar convalidados, como es el caso de los correspondientes a los sectores urbanos de la Catedral y el Alcázar. Las mociones de Adelante Sevilla y Vox aprobadas en el Pleno de diciembre de 2021 a instancias de Adepa apostaban por revisar el trabajo elaborado para los planes especiales de la Catedral y el Alcázar de cara a su aprobación provisional en un plazo máximo de 15 meses; la homologación de todos los sectores que cuentan con plan especial de protección a la sentencia que anula 12 artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre cuatro sectores del Conjunto Histórico “en un plazo igual” de tiempo y “la revisión de los compromisos con la Unesco para la zona de respeto y la de amortiguamiento”.

El concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, respondió que para el actual gobierno es “fundamental y prioritario” resolver este asunto, explicando que se abordará de la mano de la Consejería de Cultura, como administración competente para la aprobación” final de estos planes.