El presidente de la empresa andaluza Detea, el ingeniero de caminos Arturo Coloma, ha mostrado a este periódico su "sorpresa" por la actitud y la negativa del Ayuntamiento de Sevilla a solucionar el perjuicio de 22 millones de euros que ha sufrido la compañía por el destrozo de los edificios de la Policía Local de la Cartuja que compró por 23,7 millones en 2008 y por las cantidades que se le adeudan de la obra de la nueva sede de la Policía Local de la Ranilla. Ambas actuaciones forman parte del mismo contrato porque el pago de Detea para comprar los tres edificios era para financiar la obra de la Ranilla.

Ante el silencio municipal del gobierno actual han acudido al Juzgado de lo Contencioso de Sevilla, cuya sentencia se espera para finales de 2014 en primera instancia."Estamos muy preocupados porque la deuda es muy grande, pero tranquilos en el sentido de que pensamos que tenemos la razón y que esto va a ser recompensado por la Justicia en su momento". Detea confía en que Zoido la acate y no recurra a una instancia superior.

"No entiendo la resistencia del Ayuntamiento a no pagar los 4 millones de la Ranilla teniendo un informe técnico de Urbanismo que lo reconoce y que no se sienten a solucionar lo sucedido con los edificios Cartuja, que no sabemos si ha sido un accidente o un infortunio, pero se ha hecho un daño muy grande que cuesta 22 millones de euros. Lo lógico hubiera sido sentarse y decir a ver cómo lo arreglamos y cómo te compenso. Pero el Ayuntamiento no responde, no se sienta, dice que lo ha hecho todo bien y que el tema es de la Corporación municipal anterior", lamenta Coloma.

Detea litiga para devolverle al Consistorio los dos edificios que compró (el mediano C-1 y el más grande C-3) y le fueron entregados muy destrozados y dañados tras acabar la obra de la Ranilla, ya que ese destrozo lo cometió personal del Ayuntamiento. Esta devolución de la inversión en la compra supone la mayor parte de la reclamación judicial.

Respecto al daño, la empresa tiene pruebas de que "el desmantelamiento de los edificios se produce antes de la entrega de los inmuebles y en gran parte por personal del propio Ayuntamiento de Sevilla o por encargo de éste a terceros (chatarreros)", así como que la Policía Local participó: un agente y un intendente de este cuerpo lo confirman en las diligencias previas judiciales de 2012. El delegado de Seguridad Demetrio Cabello (fuera ya del gobierno) lo corroboró en enero de 2013 enumerando todo el material que se sustrajo antes de entregarlos a Detea.

En el expediente enviado al juez, aclara sobre los dos últimos edificios que "en ningún momento Detea manifiesta el futuro previsto para éstos ni mucho menos se habló de ninguna demolición de los mismos". Sólo el primero (el S-1) fue desalojado antes y demolido porque la empresa quería construir un centro de I+D para eficiencia energética en la edificación, una obra que no se ha hecho por retraso en la financiación.

Frente a la afirmación del portavoz municipal, Francisco Pérez (PP), de que han saldado las cuentas con la empresa por los edificios de la Cartuja, Detea aclara que el Ayuntamiento no ha pagado aún los intereses de demora por entregarle los edificios de Cartuja con un retraso de dos años y medio. Sólo ha pagado la mayor parte de las indemnizaciones fijadas por contrato.

La empresa reitera que siempre ha estado dispuesta a negociar fechas de cobro. "El alcalde nos dice que quiere hablar del tema, pero no hay resultados y falta el impulso definitivo. No entendemos que no se sienten a negociar nombrando un interlocutor definitivo y fijando unos plazos para resolver esta situación", se queja.

Coloma añade que es absurdo que se les acuse de negligencia cuando el acta de recepción al entregarle en 2012 los edificios dice que contenían todos sus enseres y estaban en perfecto estado de conservación "y vas el lunes a ver los edificios y te encuentras que no existen, que están en ruina". La empresa achaca la actitud de "avestruz" del Ayuntamiento a sus dificultades económicas, pero lamenta que no haya aprovechado los varios planes estatales de pago a proveedores para liquidar esa deuda con Detea.

"Creo que está claro quién ha hecho algo mal aquí y no se trata de un partido ni de una persona. Se trata de un Ayuntamiento y me pregunto cómo no se ha resuelto ya este asunto", concluye.