La Fiscalía y la mayoría de los abogados que representan a los afectados por la suspensión de pagos de la inmobiliaria sevillana Contsa se han declarado contrarios a la cuestión de inconstitucionalidad en el concurso de acreedores que ha planteado el abogado del dueño de la empresa, José Salas Burzón.

Fuentes judiciales han dicho hoy a Efe que la Fiscalía, en un informe remitido al Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, ha considerado que el dueño de Contsa no ha sufrido indefensión y que el concurso de acreedores fue legal y ajustado a los artículos 18 y 22 de la Ley Concursal de 2003.

El abogado de Contsa, cuya suspensión de pagos afecta a 1.500 pequeños ahorradores, ha planteado una posible inconstitucionalidad del concurso de acreedores, que es tramitado como necesario, es decir a instancias de un acreedor que fue el primero que lo solicitó el pasado 11 de febrero, en lugar de voluntario, a petición de la empresa.

El letrado se basa en que la juez abrió concurso necesario pero, antes de notificarlo a Contsa, dio al demandante diez días para demostrar la existencia de otros afectados, y dentro de ese plazo la empresa presentó su propia solicitud de concurso.

Los abogados de los afectados también se han opuesto a la cuestión de inconstitucionalidad pero algunos de ellos no han apoyado la decisión de la juez de imponer a Contsa las costas judiciales de la primera parte del concurso de acreedores, han añadido las fuentes.

Tras el posicionamiento de las partes, la juez de lo Mercantil debe valorar la petición y, en caso de encontrar visos de verosimilitud, elevar de oficio la cuestión al Tribunal Constitucional, que tardará al menos un año en resolver.

Los letrados que representan a los pequeños ahorradores afectados han indicado a Efe que ven la petición como una "maniobra dilatoria y para evitar que se produzcan embargos preventivos" de bienes de la empresa o la familia del dueño.

En cambio, la cuestión de inconstitucionalidad no detiene la labor de los tres administradores judiciales, que posiblemente presentarán ante de agosto su informe al juzgado sobre la situación real de la compañía, según las fuentes.

La petición se ha producido cuando el Juzgado de lo Mercantil acumula ya 36 tomos de actuaciones con 1.500 acreedores, más del doble de los 609 reconocidos por la empresa, según fuentes judiciales.

Frente a las deudas de 49.399.202 euros reconocidos por Contsa, las citadas fuentes de los inversores la han cifrado en 100 millones de euros.

Junto a esta vía mercantil, el juzgado de instrucción 17 de Sevilla mantiene abierta una causa penal por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida en la captación de pequeños ahorradores, dentro de la cual el próximo 3 de julio declarará, por segunda vez, el dueño de la inmobiliaria.

Además, declararán como testigos el denunciante M.L·L. y su esposa, que entregaron a Contsa 484.000 euros aunque la empresa solo les reconoce deudas de 60.000 euros.