Los funcionarios alzan la voz

Cuando una persona nace, hay uno o varios empleados públicos a su lado; lo mismo ocurre cuando fallece. El presidente del sindicato CSIF en Sevilla, Isidoro Ocaña, señaló ayer estos dos hitos fundamentales en la vida de cualquier ciudadano para reivindicar la figura de lo que, comúnmente, se llama funcionariado, que no sólo está integrado por empleados que trabajan en oficinas de centros administrativos: maestros, profesores universitarios, enfermeros, médicos y agentes de la seguridad del Estado también son asalariados públicos. A raíz de la crisis económica y de la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, el CSIF opina que en el país se ha originado cierta corriente que culpa al funcionariado de la desproporción entre los gastos e ingresos del Estado. A ello se une su sensación de que estos empleados han pagado en exceso los efectos de la crisis a causa de la reducción salarial aprobada por el Gobierno, que se traducirá en un descenso medio del 5% durante este año.

Para hablar del futuro del empleo público, pero con el trasfondo de estos recortes y de la crisis, el CSIF y el Grupo Joly organizaron ayer un desayuno informativo en el que participaron dos parlamentarias de los principales partidos del arco andaluz. Pilar Navarro, socialista y secretaria de la comisión de Función Pública de la Cámara andaluza, además de portavoz de Justicia de su grupo, y Teresa Ruiz Sillero, portavoz popular también de Función Pública. Ambas confrontaron las ideas de sus partidos sobre la reforma pendiente de la función pública y de las recientes medidas adoptadas por los gobiernos central y autonómico.

Pilar Navarro defendió las medidas de recorte salarial bajo el argumento de que el Gobierno central había optado por el descenso de los sueldos sobre la reducción del empleo público, una medida, por ejemplo, que sí ha sido anunciada en Alemania, donde la canciller, Angela Merkel, ha explicado que su plan de ajuste incluirá despidos en el aparato de la administración. Frente a ella, Teresa Ruiz Sillero mantuvo que el descenso de los salarios, así como las otras medidas del Gobierno, no hubieran sido sería necesarias de haber eliminado los ministerios de Igualdad y de Vivienda y la Vicepresidencia tercera del Gobierno. La tesis general del PP es que una administración con menos altos cargos hubiera evitado mayores esfuerzos.

Sin embargo, Pilar Navarro sostuvo que este tipo de medidas no bastan, por lo que había sido necesario "repartir los esfuerzos, a la vez que se realizan reformas fiscales para aumentar los ingresos, se recortan gastos y se racionaliza y reorganiza el sector público".

En varias ocasiones durante el debate se citaron unas declaraciones del presidente andaluz, José Antonio Griñán, realizadas la semana pasada a una televisión, en las que admitía que, de todas las medidas que se habían adoptados para la reducción del déficit fiscal, la que más le dolía era la bajada de los sueldos de los funcionarios. Lo recordó, por ejemplo, Isidoro Ocaña, que calificó de "infausto día" el pasado 12 de mayo, la jornada parlamentaria en la que Rodríguez Zapatero desglosó sus medidas de ajustes, entre ellas la concerniente a los funcionarios.

Teresa Ruiz Sillero fue, especialmente, crítica con la "administración paralela" de la Junta, la red de empresas, fundaciones y agencias de la que se rodea el núcleo duro autonómico. Y fue crítica, básicamente, por dos motivos. El primero, porque, en su opinión, estos organismos públicos fomentan la "huida del derecho administrativo", lo que da pie a que no se cumplan las obligaciones constitucionales de mérito y capacidad para las contrataciones. Y es así, según Ruiz Sillero, cómo estos organismos acaban con plantillas hinchadas donde se contratan a personas relacionadas con el poder. La parlamentaria popular puso, como ejemplo de la inflación de personal, a la Fundación de las Tres Culturas o el Centro de Estudios Andaluces, donde según sus datos trabajan 52 personas que gestionan una media de 42.000 euros por cabeza, una cifra inferior en muchos casos a los propios sueldos de los empleados. En segundo término, la parlamentaria del PP criticó que algunas de estas empresas "usurpen" competencias de la administración. Recientemente, tres sentencias judiciales han encontrado traspasos no legales a tres organismos de la Junta.

Por su parte, Pilar Navarro recordó la reducción de 112 organismos públicos que ha anunciado el presidente Griñán, y preguntó al PP qué quiere decir cuando habla de "reorganizar" el sector público porque, en su opinión, el modelo de conciertos propuesto por su líder, Javier Arenas, en sanidad y educación " es una apertura a la privatización". La parlamentaria tuvo un gesto de sinceridad cuando admitió que si la crisis empeora, podrían adoptarse nuevas medidas de ajuste.

"Quien diga lo contrario -dijo Pilar Navarro-, en España, Estados Unidos o Alemania estaría mintiendo".