La indemnización pedida a Ortega Cano se eleva a casi 500.000 euros

El juez admite añadir 168.953,91 euros más por el lucro cesante de la víctima del accidente

José Ortega Cano.
José Ortega Cano.
R. S.

03 de noviembre 2012 - 05:03

La representación jurídica de la familia de Carlos Parra, el vecino de Castilblanco de los Arroyos fallecido en 2011 en el accidente de tráfico por el que ha sido procesado el torero y ganadero José Ortega Cano, anunció ayer que el juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla, depositario de esta causa, ha admitido un informe pericial encargado por la familia del difunto y que cuantifica en 168.953,91 euros el lucro cesante a incorporar en materia de indemnizaciones.

El informe en cuestión, según informa en un comunicado el bufete de abogados Luis Romero y Asociados, que representa los intereses de la viuda, los dos hijos, un hermano y la madre de Carlos Parra, calcula en 168.953,91 euros el perjuicio económico que sufre la familia según una estimación de los ingresos que hubiese recibido la víctima mortal del siniestro hasta su jubilación a los 67 años. Esta cuantía eleva a cerca de 500.000 euros la indemnización que, por responsabilidad civil, reclama la familia a cuenta de la muerte de Carlos Parra aquel 28 de mayo de 2011.

"La proposición de esta prueba viene precedida por sentencias previas dictadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la Audiencia Provincial de Álava en casos similares en los que se reclamaba lucro cesante", señala el bufete de abogados. De cualquier modo, la indemnización global que reclama la familia ronda los 500.000 euros al figurar ya 175.000 euros de reclamación tabular y 154.000 euros en concepto de daño moral.

En su calidad de acusación particular, la familia de Carlos Parra solicita para el torero una pena de cuatro años de cárcel, así como seis años de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, además de las costas procesales, por un presunto delito de homicidio imprudente y otros dos delitos contra la seguridad vial.

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