Los estudiantes de la Universidad de Sevilla (US) no piensan quedarse de brazos cruzados ante la reforma en la enseñanza superior que plantea el Gobierno de España. Desde el primer momento que se dio a conocer dicho anteproyecto, el Consejo de Alumnos de la US (Cadus) ha expresado su disconformidad con la mayoría de los cambios que propone, motivo por el cual, en un documento de 13 páginas recoge 47 propuestas de mejora ante la conocida como ley Castells, las cuales ha dado a conocer las últimas horas.
Entre estas medidas se encuentran la gratuidad de las primeras matrículas de los estudiantes y establecer el 100% de bonificación en las sucesivas "en función de las rentas". De igual modo, se exige que la elección del rector sea a través de sufragio universal (no claustral, como ocurre únicamente en la Hispalense) y que el periodo de mandato se limite a cuatro años, que puedan ser renovables y que el máximo responsable de la institución académica "rinda cuentas" de su gestión.
Debe recordarse que uno de los puntos más conflictivos de la LOSU es precisamente la posibilidad que contempla de que dicha figura sea elegida por un comité de expertos ajenos a la universidad. Tal extremo ha provocado duras críticas por parte de diversos rectores, incluido el de la US, Miguel Ángel Castro, que lo llegó a calificar como una seria amenaza a la autonomía universitaria.
Otro de los puntos más críticos ha sido la reducción del número de componentes del claustro, que no deberán superar el centenar, lo que en el caso de la Universidad de Sevilla supondría una drástica disminución (un tercio del actual) y, por tanto, de los colectivos que tienen asignada representación. Ante tal propuesta, el Cadus exige que se "garantice" la representación del estudiantado, "con un mínimo del 30% en los órganos de gobierno". De igual modo, solicita que dicho colectivo esté presente en los consejos autonómicos de universidades, en el Consejo de Universidades y en la Conferencia General de Política Universitaria.
Elección dentro de las facultades
La posibilidad de que la elección de cargos se realice desde grupos externos a la universidad también la extiende la LOSU a los decanos, directores de centros y departamentos, de ahí que el Cadus rechace tal opción tajantemente y exija que sigan siendo los consejos y los colectivos que forman las facultades los que se encarguen de esta decisión.
Para el órgano de máxima representación del estudiantado de la US, la propuesta de reforma de la enseñanza superior del Gobierno de Pedro Sánchez supone un claro "retroceso democrático de la universidad". Una definición que amparan, además de en las razones antes expuestas, en "la privatización de la universidad mediante patrocinio", el "no reconocimiento de los alumnos con discapacidad", en el hecho de que el Consejo Social pase a estar formado "únicamente" por personas externas a la institución académica y que la obtención por becas se logre "por requisito académico".
Por tales motivos, el Cadus plantea -además de la gratuidad de las primeras matrículas- que se equiparen los precios de máster a los de grado, que se aumente el número de becas, que se elimine su devolución al no superarse ciertos requisitos académicos y que se invierta en programas de accesibilidad universitaria para personas con discapacidad y con necesidades educativas especiales (NEAE). Al margen, piden la mejora continua de los planes de estudios, combatir la brecha digital (que tan de relieve se ha puesto a raíz de la pandemia del Covid-19) y que aumente la opinión de los alumnos en la valoración de la docencia, entre otras medidas.
El Cadus ha explicado que tales propuestas se presentarán, junto con las de otros consejos de estudiantes, ante el Ministerio de Universidades mediante los plenos del Ceune (Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado). "El anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario deja mucho que desear, pero como no se puede protestar sin aportar, aquí dejamos algunas de nuestras propuestas de mejora ante esta ley", refiere el mencionado órgano en su perfil de Twitter.
