Todos los presidentes de Cartuja 93, el Parque Tecnológico de Sevilla, han intentado gestionar directamente el terreno en donde se celebró la Expo. No han podido los Montaner, Viera o el actual Pérez Saldaña, por citar algunos ejemplos. El 45% del suelo de Cartuja lo ha controlado una empresa pública que fue estatal hasta el 26 de noviembre de 2009. La Junta de Andalucía cobró parte del pago de la deuda histórica con la propiedad de esa Sociedad Anónima Estatal de Gestión de Activos (Agesa), valorada en 509 millones de euros. Se trata de una empresa pública mercantil cuyo accionista único era el Estado, a través del Ministerio de Hacienda. Alguien la calificó informalmente como la inmobiliaria más rentable de España durante el auge de los años 2000. Pero su nacimiento está íntimamente ligado a la crisis de los 90, que se deja sentir en Sevilla tras la Exposición Universal. Se quedó con un 45% del terreno histórico de la Expo. Otro 45% fue para la Junta de Andalucía, y lo gestiona Patrimonio. Y el 10%, para el Ayuntamiento. Lo que significa que la dirección del Parque no ha tenido la capacidad de gestionar su suelo. Un dislate.

Un parque así es un instrumento para el desarrollo económico, con empresas de base tecnológica. Y éste en concreto tiene un gran valor estratégico. La mayor parte del I+D público andaluz está concentrado aquí. En total, hay 377 empresas que facturan 2.000 millones al año. Lo natural, como ocurre con el Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga), es que sus activos fuesen gestionados por sus administradores. Mientras aquí los dueños del suelo dieron prioridad a un metro cuadrado más caro, antes que atraer centros de investigación y desarrollo competitivos o compañías de avanzada tecnología. En sentido estricto, han cumplido con su obligación. Pero los políticos tienen que tomar decisiones más allá del corto plazo. Los gestores de Cartuja 93 tienen ahora como patrimonio propio los 3.500 metros cuadrados útiles de la tecnoincubadora Marie Curie y los 3.500 metros del antiguo pabellón de la Unión Europea; seis de cada mil metros del Parque. La ampliación de 2006 declaró urbanizables casi 400.000 metros cuadrados más. Unos tienen asignado uso y otros no, pero todos escapan al control de los administradores del parque tecnológico.

Los activos de Agesa deberían de pasar a la gestión del Parque. Debería haber sido así desde el año 93, pero el primer presidente de Cartuja, Rafael de la Cruz, prefirió que se crease la sociedad estatal, por miedo a heredar deudas y pleitos de la Exposición Universal. La coyuntura económica en 1993 no invitaba al optimismo. Pero la revalorización del terreno en los años posteriores convirtió en un error esa estrategia. En Málaga se hizo al revés. Los terrenos del PTA eran del IFA, la Junta y el Ayuntamiento, pero se hizo una ampliación de capital y se cedieron los activos a la sociedad anónima que gestiona aquel parque. Cartuja 93 todavía espera algo similar.

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Ignacio Martínez es adjunto a la dirección de publicaciones de Grupo Joly