La Fiscalía de Sevilla pide catorce años de cárcel para dos policías nacionales que presuntamente practicaron un registro ilegal de una vivienda en el distrito Macarena, de la que desaparecieron 3.000 euros. Los hechos ocurrieron hace tres años, concretamente el 14 de febrero de 2014. Los dos agentes están procesados y la Fiscalía ha solicitado ya al juzgado de Instrucción 11 de Sevilla, que ha instruido el caso, que se abra juicio oral contra ellos. En su escrito de calificación, el Ministerio Público acusa a los agentes de hasta cuatro delitos: uno de allanamiento de morada, otro de detención ilegal, otro de robo con violencia e intimidación y un cuarto de falsedad en documento público.

El Ministerio Público pide casi 20.000 euros de multa y diez años de inhabilitación

Los hechos ocurrieron sobre las diez menos cuarto de la noche del día 14 de febrero de 2014. Según relata la fiscal en su escrito de acusación, los dos policías imputados, "puestos previamente de acuerdo, con ánimo de obtener ilícita ganancia y aprovechando su condición de agentes de Policía Nacional de servicio y uniformados", se personaron en el domicilio de un presunto traficante de drogas, situado en la avenida de Pino Montano. Allí "llamaron a la puerta y lograron adentrarse en la vivienda diciendo a la madre" del sospechoso que "buscaban a su hijo". Los agentes contactaron con el traficante, "que salía en albornoz del baño, y le hicieron entrar en su dormitorio, encerrándose ambos con él durante más de media hora".

En el interior de la habitación, prosigue la fiscal, "los agentes, conocedores de su presunta dedicación al tráfico de estupefacientes, le exigieron que les diera el dinero y las sustancias ilícitas que tuviera en su poder". Añade el escrito que los policías "revolvieron los cajones y armarios de la habitación reseñada", y finalmente el sospechoso "accedió, de este modo, a entregarles 3.000 euros y unos 80 gramos de cocaína (peso bruto)".

Posteriormente, los funcionarios se llevaron detenido al sospechoso, identificado mediante las iniciales J. M. M. T. Ya en comisaría, los dos policías acusados "hicieron una comparecencia en la que hacían constar que habían procedido a la detención" de este hombre en la esquina de la calle Faura con Pilistras, "donde tras una breve persecución le incautaron una bolsa con 80 gramos de cocaína que arrojó en sus pies". El atestado de los policías no hacía mención alguna al dinero intervenido. Además, paralelamente, ambos agentes confeccionaron "también de modo simulado sendas actas de sanción administrativa, dirigidas a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla". En ellas constaba, según la Fiscalía, "que a las 21:56 se cacheó al propio J. M. M. T. y se le incautó una dosis de cocaína y una navaja".

La fiscal considera que estos hechos incurren en hasta cuatro delitos, por los que pide hasta 14 años de prisión y casi 20.000 euros de multa. Por el delito de allanamiento de morada, la representante del Ministerio Público pide una pena de cuatro años de cárcel, la inhabilitación absoluta durante diez años y una multa de 6.000 euros, a razón de 20 euros diarios durante diez meses. Por el delito de detención ilegal, la Fiscalía solicita seis meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, que haría un total de 3.600 euros. Por el cargo de robo con violencia e intimidación, el Ministerio Público pide que se le impongan a los dos agentes sendas penas de cinco años de prisión, además de una orden de prohibición de aproximación al presunto traficante -a su lugar de domicilio o trabajo- y de comunicar con él por cualquier medio durante cinco años.

Los hechos ocurrieron hace tres años en un piso de la avenida de Pino Montano

El último de los delitos que se les imputa a estos dos agentes es el de falsedad en documento público, por el que la Fiscalía pide otros cinco años de prisión para ambos funcionarios. También solicita la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión como policía durante cinco años, el pago de las costas procesales y una multa de 12.000 euros, que resulta de una cuota diaria de 20 euros durante 20 meses.

La fiscal solicita también que se indemnice a J. M. M. T. con 3.000 euros por el dinero sustraído y con 12.000 euros por los supuestos daños morales causados. Pide además que se abra juicio oral contra los dos policías acusados, el interrogatorio de los mismos "con conversaciones grabadas si fuera necesario", y la declaración de una veintena de testigos. Entre los que se cita a declarar hay seis familiares o allegados del presunto traficante y hasta 13 agentes de la Policía Nacional, entre ellos un inspector jefe del cuerpo. También propone para el juiciooral la audición de varias conversaciones cuyas transcripciones figuran en una pieza separada del sumario.