El aprobado que otorgó la Junta a un alumno del Instituto Los Álamos, en Bormujos, sigue trayendo cola. La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha decidido acudir a la Fiscalía para denunciar este caso, por el que acusa a Francisco Díaz, máximo responsable del área educativa de la Junta en Sevilla, de un delito de prevaricación, al entender que no se ha respetado la normativa establecida para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), cuya titulación obtuvo tras recurrir a dicha Administración.

Las declaraciones de Díaz el pasado mes de marzo, asegurando que había sido correcto el procedimiento llevado a caso en los dos casos que saltaron a la palestra informativa (al de Bormujos se unió el aprobado de una alumna de Bachiller del Colegio Aljarafe), no parecen convencer a este sindicato de enseñanza, que no ha dudado en acudir al Ministerio Público para denunciar la resolución adoptada en el caso del estudiante del IES Los Álamos. Para ello, la APIA se basa en la orden del 10 de agosto de 2007, en cuyo punto número 5 del artículo 10 establece que "la decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en que el alumno y su familia o tutores legales pueden ser oídos".

Por tanto, para la APIA se ha producido una "infracción intencionada" de la normativa por parte de la Delegación de Educación. El sindicato, además, exige que se conozcan las actas levantadas sobre este caso por parte de la comisión técnica provincial de reclamaciones, órgano encargado de dictaminar sobre las reclamaciones presentadas por las familias contra las decisiones de los centros educativos.

El blanco de las críticas de sindicatos como CCOO se centraron entonces en el hecho de que la citada comisión valore más la falta de documentación aportada por el instituto en cuestión que la capacidad del alumno para lograr el título. El secretario general de enseñanza de este sindicato en Sevilla, Miguel Albéndiz, explicó en su momento que "uno de los motivos para que se invalidara el informe del centro fue la falta de la firma de la tutora del estudiante, que en el momento de solicitarla no ejercía como tal al ser uno de los 4.500 interinos de los que prescindió la Junta por lo recortes del Gobierno".

La Apia fue más allá en sus críticas y acusó a la Consejería de Educación de "fabricar jóvenes ni-ni convencidos de que en la vida todo se consigue a base de protestas y rabietas".

El delegado de Educación, por su parte, ya aclaró que las reclamaciones presentadas a la comisión el curso pasado sólo suponen el 0,06% del alumnado de la provincia de Sevilla.