Exjefa de ETA Iratxe Sorzabal afronta el juicio por el que ha sido entregada por Francia
Tribunales
Se la acusa de la colocación en 1996 de dos artefactos explosivos en Gijón que no causaron víctimas pero sí cuantiosos daños materiales.
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a la exdirigente etarra Iratxe Sorzabal por la única causa por la que recientemente ha sido entregada temporalmente por Francia: la colocación en 1996 de dos artefactos explosivos en Gijón que no causaron víctimas pero sí cuantiosos daños materiales.
A raíz de su detención en Francia en 2015 junto al exjefe de ETA David Pla, nombrado hace unos días dirigente de Sortu, Sorzabal cumple condena en el país galo y, tras su entrega a España el pasado 14 de enero, se sentará la próxima semana en el banquillo de la Audiencia Nacional para enfrentarse a los 46 años de cárcel que pide para ella la Fiscalía por estragos y pertenencia a organización terrorista.
Según el escrito de acusación, Sorzabal fue la autora de una llamada a Protección Civil en la que alertaba, el 2 de noviembre de 1996 a las 2:57, de la colocación de una bomba diciendo: "hemos colocado un explosivo en la Farmacia Palacios, de la calle Manuel Bañeza de Gijón. ¡Asturias Libre!".
A raíz de esa llamada, agentes acudieron a la farmacia, propiedad del marido la que fue secretaria de Estado para Asuntos Penitenciarios hasta mayo de ese año, María Paz Fernández Felgueroso, y observaron, adosada al cristal, una bolsa de basura.
Tras acordonar la zona, llegaron los Tedax y en mitad de su intervención se produjo la deflagración del artefacto.
Si bien no hubo que lamentar víctimas, el juez que la procesó junto a otros tres integrantes del comando Ibarla indicó en su auto que se produjo un "peligro para las vidas de los agentes de desactivación de explosivos".
Horas después de la primera llamada, Sorzabal volvió a llamar: "hablo en nombre de ETA. Va a estallar una bomba en el nuevo Palacio de Justicia, al lado del ferrocarril, dentro de treinta minutos".
La Policía se desplazó nuevamente al lugar señalado, en la calle Mariano de Pola, donde apareció otra bolsa de basura en la puerta principal del edificio, que estaba listo para ser inaugurado, pero estaba aún sin habitar.
El artefacto explotó a las 6:00 "causando desperfectos en las cristaleras de la entrada principal y en todas sus plantas", así como diversos daños en otras partes del edificio y en otros inmuebles y vehículos en las inmediaciones.
Sendas acciones fueron reivindicadas por ETA el 15 de noviembre de 1996 y llevadas a cabo por el comando Ibarla, que integraba Sorzabal.
La Fiscalía sostiene que ella fue quien colocó el primer artefacto junto con otros miembros del comando, mientras que en el segundo ella se encontraba esperando en un parking.
Además de la Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también ejerce de acusación en la causa y pide para Sorzabal la misma condena.
Hasta el último momento su defensa trató sin éxito de evitar su entrega temporal y, antes de su llegada a España, reclamó que se suspendiera el juicio y se acordara una nueva fecha cuando las autoridades francesas procedieran a su entrega definitiva.
Se cree que fue en 1996 cuando huyó por primera vez a Francia, donde fue detenida en 1997, tras lo que el Tribunal Correccional de París la condenó a dos años de prisión por asociación de malhechores con fines terroristas.
Una vez cumplida esa condena, en 1999 fue expulsada a España, si bien quedó en libertad por no tener ninguna causa pendiente y poco después fue nombrada portavoz de Gestoras Pro Amnistía en Guipúzcoa.
En 2001 fue detenida en Hernani acusada de formar parte del comando Sugoi, al que se atribuyó la colocación del coche bomba que acabó con la vida de un mosso d´Esquadra en Roses (Gerona).
Tras su detención denunció haber sufrido torturas por parte de agentes de la Guardia Civil y finalmente fue puesta en libertad por los tribunales y pasó a la clandestinidad.
El Tribunal Correccional de París la condenó en rebeldía en junio de 2006 a tres años de cárcel por su pertenencia al aparato político ETA y en 2013 fue de nuevo condenada en rebeldía en el juicio en el que se impuso una cadena perpetua al padre de su hija, el exdirigente Mikel Carrera Sarobe, Ata, por el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton en 2007.
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