Más de 200 presos serán excarcelados desde hoy al ablandarse el Código Penal

Más de 200 presos de toda España serán excarcelados a partir de mañana una vez que entre en vigor la reforma del Código Penal aprobada el pasado mes de junio y que contempla penas más benévolas para pequeños narcotraficantes y para los llamados manteros, que podrán salir de la cárcel.

A partir de la entrada en vigor de la nueva legislación se tendrá que aplicar al reo la norma más favorable, según establece uno de los principios del derecho penal recogido en una disposición de la reforma, lo que afecta principalmente a los delitos contra la salud pública, la seguridad vial o contra la propiedad intelectual o industrial.

Los datos que a fecha del pasado lunes manejaba Instituciones Penitenciarias hablan de la excarcelación de 239 de los 65.000 presos que cumplen condena en las cárceles dependientes del Ministerio del Interior, es decir, todas excepto las de Cataluña, que tiene competencias en esta materia y cuyos centros albergan a otros 11.000 reclusos.

La mayoría son inmigrantes condenados por tráfico de drogas y tan sólo unos 40 son vendedores ambulantes encarcelados por delitos contra la propiedad intelectual, que en el nuevo Código Penal pasan a ser tipificados como falta cuando el beneficio no supere los 400 euros y dejan, por tanto, de tener pena de prisión.

La reforma afecta especialmente a los delitos contra la salud pública, por los que cumplen condena 14.206 presos, según los datos de Instituciones Penitenciarias a fecha del pasado 23 de noviembre, algunos de los cuales ven reducidas sus penas considerablemente.

Si hasta el momento el tipo básico del tráfico de drogas era castigado con penas de entre 3 y 9 años de prisión, ahora se rebaja el máximo hasta los 6 años con el objetivo de reforzar el principio de proporcionalidad de la pena.

También se reduce la condena para los tipos agravados del tráfico de estupefacientes, antes castigados con entre 9 y 13 años de cárcel y a partir de ahora de 6 a 9, lo que afectará principalmente a los conocidos como mulas que introducen estupefacientes en España en el interior de su cuerpo.

La pertenencia a una organización de narcotraficantes será castigada con entre 9 y 12 años de cárcel (antes hasta 13) y para los dirigentes de estas organizaciones se reduce el límite mínimo, pasando a ser el castigo de entre 12 a 18 años en lugar de 9 a 18.

Para fijar los criterios con los que los fiscales deberán resolver los problemas de carácter jurídico que puedan provocar todo este tipo de situaciones, la Fiscalía General del Estado aprobó el pasado lunes una circular en la que se establecen las directrices que deben seguir los representantes del Ministerio Público en cada caso.

No obstante, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no se aventuró ayer a dar una cifra exacta de excarcelaciones ni de sentencias que tendrán que ser revisadas a la baja, ya que recordó que eso va a depender de la decisión final que tomen los magistrados y tribunales y de la Audiencia Nacional.