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Avilés

Piden ocho años de prisión para un hostelero asturiano por el trato a sus empleadas

  • Además de imponer condiciones de trabajo abusivas aprovechando la situación de necesidad de las tres mujeres, está acusado de agredir sexualmente y golpear a una de ellas

Audiencia Provincial de Oviedo.

Audiencia Provincial de Oviedo.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas que suman ocho años de prisión para un hostelero avilesino acusado de aprovecharse de la situación de necesidad de tres de sus empleadas para imponerles condiciones de trabajo abusivas. Está acusado también de agredir sexualmente a una de ellas y de golpearla. 

La vista oral está señalada para este jueves, 2 de diciembre de 2021, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.00 horas. 

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, nacido en 1953, en su condición de administrador único de una sociedad titular de dos establecimientos en la Avenida San Agustín 20 y 16 de Avilés, respectivamente, contrató el día 11 de enero de 2019 a una mujer para trabajar en ambos locales. Ella nacida en Guinea Ecuatorial, se encontraba de manera irregular en España y tenía una situación económica muy precaria, ya que necesitaba dinero para mantener a sus tres hijos que se encontraban en su país, circunstancias que aprovechó el acusado para no hacerle contrato de trabajo ni darla de alta en la Seguridad Social

Durante el mes que estuvo trabajando en ambos locales, el acusado le impuso un horario de las 21 horas a las 8 de la mañana, de lunes a domingo, siendo la jornada laboral más amplía el fin de semana. Descansó solo día en todo el mes. 

El sueldo que habían pactado era de 900 euros más propinas, pudiendo llegar a 1.200 euros, aunque no recibió ningún salario. Durante todo este tiempo, el acusado procedió a decirle de manera continua expresiones tales como "estúpida, imbécil, inútil", a la vez que le hacía insinuaciones de tipo sexual y le decía comentarios improcedentes de la misma índole, siempre según el relato del fiscal. 

En varias ocasiones llegó a tocarle sus partes íntimas, a veces incluso por dentro del pantalón, manifestando ella en todo momento que no quería que la tocase. La mujer aguantaba la situación porque necesitaba el dinero para mantener a sus hijos. 

El día 9 de febrero de 2019, sobre las 10.00 horas, la mujer se encontraba trabajando en uno de los locales y el acusado acudió, dado que había un problema con las llaves del local. En un momento determinado, la agarró fuertemente del brazo, empujándola hacia el almacén. Una vez allí, comenzó a golpearla en la cara con el puño y también en el pecho. Como consecuencia de ello, la víctima sufrió contusión facial. 

El día 24 de mayo de 2019, sobre las 4.30 horas, en el curso de una inspección en materia de trata de seres humanos, extranjería y trabajo efectuada por el Grupo de Investigación de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Grupo I, con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias, en los locales mencionados, se comprobó  que en uno había dos personas trabajando como camareras, ambas nacidas en Rumania. 

Una de ellas no estaba dada de alta en la Seguridad Social, trabajando en un horario de 21.00 a las 8 horas, llevaba dos semanas trabajando, sin descanso, con un sueldo al mes de 900 euros. La segunda llevaba trabajando unos cinco meses, estaba dada de alta en la Seguridad Social solo por cuatro horas, si bien su horario habitual era desde la una de la madrugada hasta el cierre, sobre las 9 ó 10 de la mañana, excediéndose claramente del tiempo por el que estaba dada de alta. Descansaba una vez a la semana y cobraba unos 1.000 euros. 

En el otro local había una sola trabajadora, nacida en Rumania y que había empezado a trabajar el día 23 de mayo de 2019, la cual no estaba dada de alta en la Seguridad Social, trabajaba en horario de las 21.00 horas a las 8 de la mañana y cobraba unos 30 euros diarios. 

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, otro de agresión sexual y otro leve de lesiones, por lo que pide un total de ocho años de prisión. Concurre la agravante de reincidencia, ya que el acusado ya fue condenado en 2017 por un delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo. 

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