Los puntos de encuentro familiar sobreviven en la mayor parte de España y, pese a los anunciados cierres en la Comunidad de Madrid, son mayoría las regiones que han optado por mantener el número de centros o incluso aumentarlos, como Cataluña y País Vasco, que los consideran prioritarios en época de crisis. A día de hoy existen en España 113 puntos de encuentro familiar, centros asistidos por profesionales que garantizan una correcta relación entre los menores y sus padres, inmersos, en la mayoría de los casos, en procesos de separación conflictivos o situaciones de violencia de género.

El anuncio, esta semana, de que la Comunidad de Madrid cerrará los ocho puntos de encuentro que gestionaba el Instituto del Menor y la Familia para reagrupar los casos que se trataban en ellos en dos Centros de Apoyo a la Familia (CAF) ha levantado las críticas de la oposición, que ha alertado de que cientos de familias se han quedado "tiradas en la calle" sin poder ejecutar sentencias firmes y provisionales que se realizaban en estos centros. El presidente de la Confederación Española de Puntos de Encuentro Familiar, Gerardo Rodríguez-Acosta, ha expresado su "honda preocupación" por este hecho y ha subrayado que los CAF se centran en terapia familiar, pero no en las necesidades de las familias desestructuradas que requieren los servicios de los puntos de encuentro.

Madrid no es la única comunidad afectada por estos recortes. También en Canarias se han cerrado en los últimos meses tres de los cinco puntos de encuentro debido a las restricciones presupuestarias.

Sin embargo, no es ésta la tónica predominante en la mayoría de las comunidades. El resto de regiones ha optado por mantener el mismo número de puntos de encuentro, e incluso Cataluña y el País Vasco han potenciado este servicio, mientras que Extremadura ha anunciado la creación de un nuevo servicio de mediación familiar. Así, desde el pasado 1 de enero un nuevo local se suma a los cuatro que existían hasta entonces en el País Vasco y que, en lo que va de año, han atendido 776 casos. En Cataluña, donde funcionan 20 puntos de encuentro por los que durante 2011 pasaron 1.279 familias, el departamento de Bienestar Social y Familia ha anunciado que abrirá dos nuevos centros en las próximas semanas, con el objetivo de "potenciar" este servicio "ante el incremento de la conflictividad familiar por culpa de la crisis".

Este enfoque lo comparte Rodríguez-Acosta, quien ha subrayado que los puntos de encuentro "reducen el nivel de violencia en las familias". "La falta de este recurso puede generar violencia porque si un progenitor está desesperado porque ha habido una ruptura y no le dejan ver a sus hijos, esto le genera crispación, una situación de violencia en potencia", ha advertido. Rodríguez-Acosta ha alertado, asimismo, de que con el cierre de los centros muchas sentencias se quedarán sin ejecutar, puesto que, ante una denuncia por malos tratos en la que el juez dicta una orden de alejamiento, los puntos de encuentro son el único instrumento para que el progenitor no custodio pueda ver a su hijo. Además, ha hecho hincapié en el daño que sufrirán los menores que durante meses no puedan ver a sus padres. "Pueden sentirse abandonados", ha indicado.

Este experto ve imprescindible que los gobiernos inviertan en este servicio que "reduce el nivel de conflicto de las familias" y ha propuesto medidas alternativas al cierre, como diferenciar los puntos de encuentro para entrada y recogida de los menores -que podrían funcionar con un psicólogo y voluntarios- de otros centros con especialistas donde se lleven a cabo las visitas supervisadas. Comunidades como Castilla y León han optado, así, por reorganizar el servicio, de manera que, para garantizar el funcionamiento de los 16 puntos de encuentro de la región y dar respuesta a situaciones que se agravan con la crisis, ha sido necesario un recorte de los horarios de la mayor parte del personal.