El año en que cambió todo

En diciembre de 2008 La 1 se alzó como la cadena más vista y Telecinco perdió su liderazgo en audiencia, que recuperará provisionalmente este mes, con la Copa de Confederaciones. El movimiento sísmico en los audímetros era una onda expansiva más del terremoto mediático sufrido con la crisis económica y, por tanto, publicitaria. Tantos factores extremos han llevado a esta temporada, que concluye el martes, a la más imprevisible de la historia. En septiembre de 2008 el principal problema que en principio abordaban las cadenas era la reducción de costes con la fragmentación de las audiencias, con los cerca de 40 canales en abierto que brinda la TDT española. Con el cataclismo por la pérdida de ingresos se han precipitado todas las previsiones. El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha venido a salvar de la horca a todo el arco de cadenas, amigas y menos amigas, y ha acelerado imprevistas y bruscas decisiones como la supresión de publicidad en TVE, siguiendo el cuestionado modelo del presidente francés Nicolas Sarzoky. La excusa de convertir a la corporación pública en un trasunto de la BBC va a permitir el aumento de los beneficios de las privadas, que de esta manera van a comportarse mucho más sumisas y comprensibles con el Gobierno. Antena 3 vio decrecer sus beneficios en el primer trimestre de este año respecto al de 2008 en un 71%, aunque ganó 19,5 millones; y Telecinco, enfrascada en una desorientación de su parrilla, sufrió una merma en las ganancias del 64%, pero ganó casi 29,2 millones. En casi todas las cadenas el descenso publicitario está siendo del 20% respecto al año pasado, salvo La Sexta, que ha aprovechado el aluvión de partidos de la Liga y la Fórmula 1 en su año más gris.

Las que están que trinan por la eliminación de anuncios en TVE son las empresas de telecomunicaciones (telefonía e internet), que tienen que abonar el 0,9% de sus ingresos, unos 250 millones anuales, a los que se suma lo que pagan por la utilización del espacio radioeléctrico, cuyo 80%, 320 millones, irán también a compensar los ingresos publicitarios de RTVE. Las cadenas privadas pagarán un 3% de lo que cobran (1,5% los canales de pago), unos 120 millones de un sector que este año facturará sobre los 2.000 millones (2.500 millones en 2008). Sólo la competencia La 1 parece estar complaciente con un polémico proyecto que ha levantado además a agencias de publicidad y a empresas anunciantes.

El fin de los anuncios en TVE parece que se aplazará en septiembre a unos meses más tarde, pero no hay vuelta atrás en el proyecto, tal como argumentó la vicepresidenta, Fernández de la Vega, el 8 de mayo cuando el Consejo de Ministros aprobó el documento. Apenas un mes antes Rodríguez Zapatero había anunciado el "drástico" recorte publicitario, cuando en las elecciones de un año atrás sólo se había estado negociando con las cadenas privadas un escuálido recorte horario. La medida en la histórica corporación no será secundada ni en las autonómicas ni en las municipales, pese a sus abultados presupuestos y déficit.

La autorización a canales de pago en la TDT ha sido el último auxilio del Gobierno al sector audiovisual, beneficiando en primera instancia a Mediapro, importante accionista de La Sexta, que a partir de septiembre copa los derechos futbolísticos. Para que a Mediapro le salgan a las cuentas tiene que poner accesible su canal Gol TV, aunque tendrá que acelerar la comercialización de los decodificadores necesarios (no valen la mayoría de los aparatos ya vendidos ). La crisis ha arrastrado a crear impensables parejas de viaje como el de Mediapro con su enemiga de la guerra del fútbol, Prisa, con un deuda de 5.000 millones. La muy deficitaria Digital + se ha puesto en valor con el acuerdo con Mediapro. Mantiene el partido dominical y la taquilla liguera. El mayor nubarrón en la fusión Prisa-Mediapro, Cuatro-La Sexta, es la TDT de pago, que el resto de canales, inclusive Telecinco, que se oponía, ha pedido. El pay per view en la digital terrestre está regularizado en el anteproyecto de la inminente Ley General Audiovisual aprobado este viernes por el Gobierno. La normativa contempla un Consejo Estatal que vendría a supervisar unas cadenas que se revuelven en cambios profundos.