El fiscal pide 23 años por matar a su mujer con la tapa de la cisterna

El acusado confesó tras su detención el crimen y alegó que mató a su esposa porque creía que lo estaba envenenando

El acusado, Mario Calderón, cuando fue detenido por el asesinato de su mujer.
El acusado, Mario Calderón, cuando fue detenido por el asesinato de su mujer. / Víctor Rodríguez
Jorge Muñoz

17 de abril 2017 - 02:35

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 23 años de cárcel para Mario Calderón Márquez, que será enjuiciado a partir de este lunes en la Audiencia de Sevilla por un jurado popular, acusado del asesinato de su esposa, María del Águila Pérez, a la que apuñaló y después golpeó con la tapa de la cisterna del baño en la madrugada del 3 de junio de 2015.

La Fiscalía recoge en su escrito de conclusiones provisionales que el matrimonio, que residía en la localidad de Alcalá de Guadaíra y tenía dos hijas mayores, llevaba junto 27 años, tiempo en el que el parricida sometía a su esposa a "continuas vejaciones, con conductas agresivas e impositivas, con insultos frecuentes, volcando sus frustraciones sobre su mujer y sus hijas", quienes ya no convivían con sus padres.

El Ministerio Público relata un incidente previo, que tuvo lugar el 17 de marzo de 2008. Ese día, la Policía Local tuvo que acudir al domicilio familiar, porque el acusado había agredido a María del Águila, que tenía 50 años, cogiéndola por los pelos. La denuncia no llegó a más porque la víctima retiró la denuncia y el juez archivó la causa.

La situación de malos tratos se agravaba como consecuencia de las "enfermedades que sufría" Mario Calderón, que culpaba a su mujer de su situación.

Según la Fiscalía, en esta "dinámica de malos tratos y situación de asimetría", en la madrugada del 3 de junio de 2015, antes de las dos de la madrugada, atacó a su esposa "de forma sorpresiva y con la intención de ocasionarle la muerte". Para ello, primero la agredió con un arma blanca con la que le ocasionó tres heridas inciso-punzantes en la región escapular izquierda.

Y a continuación, la golpeó en la cabeza con la tapa de la cisterna del inodoro del cuarto de baño, en el que la mujer se hallaba en ese momento. Esta agresión le causó lesiones contusas e inciso-contusas en la región craneal-facial, con una lesión irreversible de centros nerviosos vitales. La víctima murió a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Tras matar a su esposa, Mario Calderón telefoneó a su hermano y le dijo que había hecho "algo muy grave". El hermano tardó sólo unos minutos en presentarse en el número 7 de la calle Combate de los Castillejos, donde vivía el matrimonio.

El hermano iba acompañado de su mujer y ambos descubrieron el cadáver de María del Águila. A continuación llamaron a la Policía y alertaron a una de las hijas, que vivía en una casa a tan sólo unos 50 metros de la de sus padres.

El asesino no intentó huir, aguardó en la vivienda hasta la llegada de la Policía, que procedió a su detención. Confesó la autoría del crimen y cuando fue puesto a disposición del juez alegó que acabó con la vida de su esposa porque creía que ésta lo estaba envenenando.

La Fiscalía de Sevilla le atribuye un delito de asesinato y otro de malos tratos habituales, en los que aprecia la circunstancia agravante de parentesco.

El Ministerio Público reclama una condena de 20 años de cárcel por el delito de asesinato y otros tres años por los malos tratos a la fallecida. Además, reclama una indemnización de 150.000 euros para las dos hijas por la muerte de su madre, y otros 120.000 euros para los padres de la fallecida.

Sin tercer grado hasta que cumpla la mitad de la pena

Además de las penas de prisión y las indemnizaciones para los familiares de los fallecidos, la Fiscalía reclama otras penas accesorias y una serie de medidas de cumplimiento en caso de condena. En primer lugar, la Fiscalía reclama que se prohíba al acusado acercarse a sus hijas, a sus domicilios, lugares de trabajo y cualquier otro que frecuenten a una distancia no inferior a 100 metros y a comunicarse con ellas durante otros 12 años más que la pena de prisión que pudiera imponérsele. De la misma forma, el Ministerio Público solicita que el acusado, "una vez condenado", no sea clasificado en tercer grado penitenciario -que le permitiría salir de prisión y regresar sólo a pernoctar- hasta que haya cumplido la mitad de la pena de cárcel.

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