El fiscal no ve delito en que la sociedad municipal Esdelsa apoderara a un torero

Cuatro años después de que el PSOE pidiera a la Fiscalía que investigase si los responsables de Esdelsa, sociedad de desarrollo local de Espartinas, habían cometido algún delito al apoderar a un torero local a través de esta empresa, las cosas parecen que se ponen a favor del ex consejero delegado, Javier Jiménez (PP), uno de los investigados junto al ex gerente. El fiscal ha pedido el sobreseimiento porque, pese a lo llamativo de que una empresa municipal se dedique a estas cuestiones, sí están en el objeto social de Esdelsa: "Promover, organizar, gestionar, explotar y comercializar todo tipo de ferias, exposiciones, eventos de cultura, de ocio y todo tipo de espectáculos taurinos", recuerda en su escrito.

Teniendo en cuenta los estatutos de Esdelsa -en proceso de liquidación-, el fiscal cree que no se puede acreditar que se haya producido administración desleal, uno de los delitos investigados en relación al contrato de apoderamiento que Esdelsa firmó el 24 de junio de 2007 con el entonces novillero Agustín Pérez, Agustín de Espartinas. Tampoco cree que se haya producido delito de malversación de caudales públicos, a tenor del informe pericial del 24 de octubre de 2016, con las cuentas de los ejercicios de 2006 a 2008.

El fiscal apunta no obstante que queda por examinar la "cuestión problemática del pago por parte del Ayuntamiento" de las nóminas del torero, que no son objeto de esta causa porque no se denunció en su día. Pero también cree que el sistema de "caja única" con el que suelen "funcionar en la práctica ayuntamientos y sociedades de capital municipal" explicaría las "divergencias existentes" al parecer en "ese punto de la contabilidad".

El caso saltó a la luz pública en febrero de 2013, tras el cruce de declaraciones entre Javier Jiménez y el nuevo apoderado del torero por su exclusión de una corrida en la Plaza Municipal de Espartinas. El entonces teniente de alcalde afirmó que Esdelsa no había reclamado al torero los 120.000 euros por la cláusula de rescisión del contrato con Agustín de Espartinas, que se rompió por decisión de éste, a finales de 2017.

Pese a que el gobierno del PP insistió en que ese contrato de "representación artística y apoderamiento" era "legal y público", la oposición en el consejo de administración de Esdelsa no tenía constancia del mismo. El PSOE elevó el caso a la Fiscalía de Sevilla, que presentó denuncia al apreciar indicios de la comisión de un delito de malversación al entender que actividades de representación artística de un torero "en ningún caso pueden considerarse un empleo racional y para fines públicos y del bien común del municipio". El PP defendió que era lícito patrocinar a un torero, como hacerlo a un equipo de fútbol o algún deportista local que despunta. Tras el cambio de gobierno, C's personó al Ayuntamiento como acusación particular en el caso.

Jiménez se mostró este martes satisfecho con el escrito del fiscal: "El verdadero desvío de fondos públicos es el que algunos hacen con intereses políticos y partidistas" destacó en un comunicado.