Chaves defiende la directiva europea de inmigración

  • El presidente de la Junta entiende que la normativa "armoniza" las legislaciones nacionales en la UE · Reclama "mejoras" con la adhesión de "garantías jurídicas"

Primer pronunciamiento del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, sobre la Directiva Retorno de inmigrantes que debate la Unión Europea. El próximo día 18, el Parlamento Europeo decidirá si aprueba la última versión de la polémica normativa, tras introducir el pasado jueves en el documento el derecho de la asistencia jurídica gratuita de los detenidos en determinadas condiciones, según estipulen las leyes nacionales. La iniciativa ha sido secundada por España entre otros Estados.

Otros puntos de la directiva concitan mayor distanciamiento entre los Veintisiete. El plazo máximo de retención se fija en seis meses, pero pueden ser ampliables a 18 en casos excepcionales cuando concurran trabas administrativas o no exista cooperación del detenido. La detención de menores no acompañados causa malestar en muchos países.

En el discurso de inauguración del quinto Congreso de la SIPE (Sociedad Europea de Derecho Público), ante un centenar de profesores de distintos países europeos, Chaves defendió ayer la filosofía comunitaria de la Directiva. En la línea de lo expresado por el Gobierno de la Nación, el presidente andaluz valoró un acuerdo de mínimos obligatorios, que beneficiará a los países de la UE que carecen de una legislación clara en política migratoria.

"Supone un paso importante en el camino de la armonización de las legislaciones nacionales y, en contra de algunas interpretaciones, me parece que ofrece más garantías, mirando a la Unión en su conjunto, a los ciudadanos extranjeros", expuso. Pero antes Chaves incorporó un matiz en su opinión: "Espero que sea mejorada a la aprobada ayer [por el pasado jueves]".

Estas mejoras pasan por incorporar garantías jurídicas. El Grupo Socialista en la Eurocámara ha presentado un paquete de enmiendas que exigen que las detenciones sean "ordenadas por escritos" y, en los casos urgentes, cuando sean adoptadas por autoridades administrativas, que las confirme un juez en 72 horas. Es decir, la supervisión judicial, supone una premisa básica para los socialistas. Otras enmiendas exigen la "liberación inmediata si la detención no es legal" y un tiempo máximo de tres meses de detención, prorrogables sólo otros tres más en casos excepcionales.

"Desde luego, algo que debemos tener presente es que cualquier política de retorno debe contemplar todas las garantías jurídicas y el respeto escrupuloso de todos los afectados por estas decisiones", añadió Chaves en su discurso.

En un taller previo a las jornadas de la SIPE, diversos expertos coincidieron con Chaves en la "armonización" que supone la directiva, y desearon que en el trámite parlamentario se recorten los tiempos máximos de estancia de los inmigrantes detenidos en centros de internamiento, comentó a los periodistas la profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla Marycruz Arcos.

Ante expertos en ordenamiento jurídico, Chaves manifestó que, al igual que no existen derechos especiales para los inmigrantes, "de la misma manera no deben existir obligaciones especiales ni gravámenes exclusivos para ellos". En su opinión, "tiene poco sentido convertir nuestro ordenamiento jurídico en un código de premios, incentivos o castigos".

Ese código para valorar el esfuerzo de integración por parte de los inmigrantes es "difícil de medir e imposible, en la práctica, de aplicar", según Chaves, en clara referencia a los contratos e integración para los inmigrantes propuestos en campaña por el PP o por el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Para el presidente de la Junta de Andalucía, la referencia para cualquier persona que viva en España o Europa "es el cumplimiento de la Ley, como requisito único e imprescindible".

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