Al debate sobre el decreto de Vivienda de la Junta se suman a cada paso nuevos protagonistas. Esta semana ha sido el turno del presidente de Unicaja Banco, Braulio Medel, que auguró una salida "más penosa y más larga" de los problemas que atraviesa el sector inmobiliario con medidas como el decreto-ley de vivienda aprobado por administración autonómica que "sin medidas de este tipo".

Una declaración que obtuvo respuesta en la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, quien vino a decir ayer que el Gobierno andaluz defiende el interés general frente a otros que defienden sus propios intereses y, en una situación de emergencia social y habitacional, no se van a poner una venda en los ojos, sino que deben poner la política al servicio de los ciudadanos.

En la firma de adhesión de 25 ayuntamientos granadinos al convenio en defensa de la vivienda, que suma ya a 182 municipios andaluces, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Diputación de Huelva, Cortés detalló que la Junta iniciará el 12 de mayo el plan de inspección para trabajar en el registro de viviendas deshabitadas y las sanciones a las entidades financieras y personas jurídicas que no pongan las viviendas en régimen de arrendamiento.

La consejera apuntó además que en la misma fecha se iniciarán los servicios para asegurar jurídicamente a las personas físicas frente a posibles desperfectos de sus viviendas en arrendamiento o impagos de los inquilinos.