Derribar el hotel del Algarrobico costará más de 7 millones de euros

  • El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, asegura en la presentación de la legislación sobre la protección del litoral que hay disposición de demolerlo

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Después de innumerables sentencias judiciales, todas ellas en el mismo camino de mantener la ilegalidad de la construcción de la playa carbonera de El Algarrobico, el Ministerio de Medio Ambiente ha cuantificado ya cuánto costará proceder a su demolición. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció en su comparencia para presentar la nueva Ley de Costas aprobada en el Consejo de Ministros de ayer que derribar la construcción de la promotora Azata cuesta una cantidad cifrada en 7.175.000 euros. Arias Cañete explicó que el Ministerio y la Junta habían pedido un "primer presupuesto" que ha arrojado ese coste de 7.175.000 euros y que ambas administraciones están "plenamente de acuerdo" en actuar en este caso, por lo que se espera una respuesta en los próximos días de la administración andaluza y un acuerdo de cuánto pondrá cada una de ellas.

Cabe recordar que el Ministerio y la Junta de Andalucía acordaron a principios del pasado mes de julio encargar a Tragsa un estudio técnico sobre el coste y las características técnicas de la demolición de la construcción, así como del tratamiento de los residuos y la posterior regeneración de la zona.

Poco han tardado en llegar las reacciones a la cuantificación del Ejecutivo sobre el coste del derribo del polémico hotel. De hecho, el alcalde de la localidad carbonera, , Salvador Hernández , calificó de "frivolidad" el que hayan encargado presupuestar el derribo del coste del hotel de El Algarrobico, ubicado en el paraje del mismo nombre en la localidad almeriense de Carboneras, dado que aún "no hay una resolución judicial firme" que obligue a su destrucción. Hernández ha tildado de "temerario" y "poco serio" el anuncio realizado por el ministro de Medio Ambiente ya que, según sus sospechas "no habrá demolición en el próximo lustro, seguramente". Asimismo, ha pedido tanto al Gobierno autonómico como al central que evalúen económicamente "el coste del daño que se le ha hecho al pueblo".

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