Caso de los ERE

Invercaria dio 600.000 euros a una empresa que no existía

  • Ferias Virtuales Internacionales de Andalucía se constituyó seis meses después y no contaba con un socio tecnológico para el proyecto.

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La empresa pública andaluza Invercaria, cuyos directivos están citados en sede judicial como imputados el próximo mes de mayo, concedió 600.000 euros a la entidad Ferias Virtuales Internacionales de Andalucía (FIVA) seis meses antes de que se constituyera y sin que tuviera un socio tecnológico para desarrollar el proyecto.

Se trata de una de las irregularidades recogidas en el informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía, que afirma que el total invertido por Invercaria en FIVA fue 1.694.018 euros, pese a que "el producto ha sido reconocido como absolutamente fallido por todos los implicados". El juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha citado a partir del 13 de mayo, como imputados, al ex presidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo y a otras seis personas por presunta malversación de fondos públicos en las ayudas a FIVA, una de las 34 empresas denunciadas por la Fiscalía Anticorrupción.

El atestado policial, al que ha tenido acceso Efe, afirma que de la denuncia presentada por el ex directivo de Invercaria Cristóbal Cantos "parece deducirse la existencia de graves irregularidades en el desarrollo de la actividad de Invercaria", en especial la ausencia de criterios y procedimientos para las inversiones.

"Con prevalimiento de esa situación, se habrían producido operaciones de financiación irregular respecto a algunas sociedades, con vulneración de los principios básicos de funcionamiento de la Administración pública", recoge el atestado.

La sociedad de capital riesgo Invercaria benefició "conscientemente a determinadas sociedades, muchas de las cuales presentaban signos manifiestos de crisis económica de difícil o imposible recuperación, con lo que la asignación de fondos carecía de toda lógica comercial", según la Policía.

La ausencia de expedientes y de propuestas de inversión son algunas de las irregularidades que demostrarían que "los fondos de origen público se asignaban sin criterio ni procedimiento de garantía alguno".

No se trata solo de irregularidades administrativas sino penales, sostienen los investigadores, pues las conductas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad y contra la Administración pública.

En el caso de FIVA, el atestado dice que Invercaria le concedió 600.000 euros en junio del 2006, seis meses antes de que se constituyese y cuando no tenía socio tecnológico para el desarrollo del proyecto, y añade que la ayuda no fue aprobada por el consejo rector de la agencia IDEA o el Consejo de Gobierno de la Junta, como se prevé para las inversiones que superen determinada cuantía.

"No se conoce qué tipo de garantías se exigían para la devolución de los préstamos ni qué circunstancias se valoraron para la aprobación del gasto", dice la Policía, que concluye que "la realidad es que el riesgo lo asumió y lo ha padecido la Hacienda Pública".

FIVA tenía una "gestión muy deficiente" y "el único socio que lo ha perdido todo, y nada ha recuperado, ha sido la propia Invercaria, que ha aportado ingentes cantidades de dinero a pesar de conocer que se trataba de un proyecto completamente fallido", añade el atestado.

Además, la Policía afirma que la Caja General de Ahorros de Granada "ha obstaculizado de forma grave la investigación" por su "excesiva demora" al entregar los documentos solicitados, lo que el atestado relaciona con la participación de la caja en los órganos sociales de Inverjaén, actualmente Invercaria, y que varios imputados tienen cuenta en dicha entidad.

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