La Junta paga becas de investigación como ayudas agrarias desde 2004

  • Un error administrativo convierte los estipendios de los jóvenes en subvenciones y les acarrea graves problemas fiscales

Disfrazados de corderos y pastoreados por el mismísimo Manuel Chaves. De esta guisa se manifestaron ayer buena parte del centenar de jóvenes investigadores andaluces que acudieron a la convocatoria reivindicativa celebrada frente al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, ahora en rehabilitación.

Los manifestantes buscaban así llamar la atención ante una situación estrambótica que viven desde hace tres años: el pago de las trescientas becas de investigación, que otorga desde 2004 la Junta a los jóvenes que están realizando su trabajo científico en distintas universidades y centros de investigación andaluces, en concepto de subvenciones agrícolas y ganaderas. Por ello, Hacienda les reclama la devolución de todo el dinero al final de cada ejercicio fiscal.

Según explicó ayer Cecilia Galindo, coordinadora andaluza de la Federación Nacional de Jóvenes Investigadores, la Junta justifica esta confusión como un "problema burocrático" cuya resolución exigen los becarios o que, como mínimo, la Administración responsable expida automáticamente un certificado que sirva para exponer a Hacienda la verdadera naturaleza de sus ingresos. A día de hoy, sólo se realiza previa petición.

Los investigadores aprovecharon la protesta de ayer para criticar la decisión de la Junta de no volver a poner en marcha ni los programas de perfeccionamiento ni los de reincorporación -conocidos popularmente como los cajalitos- desaparecidos hace tres años, pese a que la Federación de Jóvenes Investigadores y los responsables de la Consejería de Innovación llevaban año y medio negociando sobre este asunto. Para mostrar gráficamente su protesta sobre esta supresión de ayudas, los investigadores exhibieron varios aeroplanos de cartón en los que se podía leer el rótulo de "avión para el exilio".

Los jóvenes investigadores también expresaron su disconformidad con la Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento aprobada en noviembre por el Parlamento, al entender que ésta "ha renunciado a diseñar una carrera investigadora". Otra de sus reivindicaciones pasa por que los becarios predoctorales de la Junta y los del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sean dados de alta en la Seguridad Social.

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