Andalucía

La Junta recauda en el primer trimestre 65 millones por actuaciones de control del fraude en impuestos cedidos

  • La Agencia Tributaria Andaluza ha efectuado 25.000 acciones de control tributario con las que se ha recaudado casi el 17% del total obtenido en el primer trimestre por tributos cedidos.

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La Agencia Tributaria Andaluza ha recaudado en los primeros tres meses de 2012 un total de 65 millones de euros mediante las actuaciones de control tributario efectuadas, lo que supone casi el 17 por ciento de la recaudación total obtenida en ese primer trimestre por los tributos cedidos. Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública destacan  la "posición activa" de la Agencia contra el fraude fiscal.

De esta forma, las fuentes precisan que durante los cinco primeros meses del año cerca de 25.000 actuaciones de control de presentación de autoliquidaciones, que afectan al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y al Impuesto de Patrimonio de 2007.

De esta forma, en conjunto, las actuaciones de control tributario realizadas han permitido recaudar en el primer trimestre un total de 65 millones de euros, lo que supone casi el 17 por ciento de la recaudación total obtenida en ese primer trimestre por los tributos cedidos.

Las fuentes han destacado también el incremento de los expedientes sancionadores, de manera que se han impuesto 11.500 sanciones que, junto a las ya tradicionales de inspección, "han permitido contraer derechos por este concepto de 12,4 millones de euros".

La Junta ha reconocido que el fraude fiscal constituye "uno de los elementos que más debilitan la sostenibilidad de nuestro Estado de Bienestar" y ha asegurado que la Agencia andaluza "va a redoblar esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal". 

Han recordado que, en el Plan de Reequilibrio Financiero de Andalucía se han incluido medidas que refuerzan la lucha contra el fraude fiscal y han anunciado que se va a impulsar la Ley Andaluza contra el Fraude Fiscal y Social, que "endurezca las sanciones sociales y económicas a los defraudadores", toda vez que el objetivo es "prevenir y reducir el fraude fiscal". Esa norma "incluirá la posibilidad que los ciudadanos decidan por Ley sobre el destino de la recaudación autonómica por IRPF, afectando parte de la recaudación a la dotación adicional de programas y proyectos de especial interés, estratégico o social, para Andalucía".

Entre las iniciativas que la Junta va a poner en marcha se encuentran "mejorar la información y el control en la recaudación; incrementar la cooperación entre administraciones; perfeccionar los mecanismos de control tributario; mejorar la información de la ciudadanía sobre sus obligaciones tributarias; y ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales, ahorrándole burocracia y facilitándole la mayor comodidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales".

"No cabe ninguna permisividad social para el defraudador", aseveran las fuentes, quienes insisten en que la Junta de Andalucía "va a redoblar los esfuerzos para garantizar que se cumpla la ley". Asimismo, apuntan que incluirán "no sólo el criterio de la renta, sino también el del patrimonio a la hora de definir los beneficiarios de las ayudas".

La Agencia Tributaria andaluza intensificará las relaciones con la Administración tributaria estatal en la persecución del fraude, "para evitar que el delito se escape por posibles fallos de coordinación". "Vamos a llevar a cabo una política enérgica de lucha contra el fraude porque se requieren todos los recursos y la contribución de todos al sostenimiento de lo público", han agregado fuentes de la Junta, que destacan la mejora de las actuaciones con otras administraciones tributarias y singularmente con la estatal, especialmente en los supuestos de delimitación entre IVA y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en los movimientos de efectivo con billetes de alta denominación y en la posesión y transmisión de los bienes de lujo.

Ha resaltado el cruce de información entre administraciones tributarias estatal y autonómica en la concesión de becas, contratación administrativa, rendimientos de actividades profesionales, depósitos, donaciones o transmisiones, arrendamientos de inmuebles, lo que "está permitiendo aplicar procedimientos más ágiles para la detección del fraude".

Asimismo, se están poniendo en marcha instrumentos informáticos para una detección inmediata de incumplimientos, como la aplicación de tipos improcedentes o los errores aritméticos y han agregado que se continúa la comprobación sistemática de las autoliquidaciones presentadas, en el control extensivo que corresponde a las Unidades de Gestión, que han intensificado el control de beneficios fiscales. 

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