El PP llevará al Constitucional la Ley de Farmacia que hoy aprueba el Parlamento

  • Los populares consideran que los mecanismos de control que plantea el proyecto de ley sobre la venta de farmacias vulneran la libertad de empresa · Rajoy ya planteó a Fraga un recurso similar

El PP no apoyará hoy al PSOE en la votación de la Ley de Farmacia y presentará un recurso de la norma autonómica ante el Tribunal Constitucional a través de la petición escrita de 50 diputados en el Congreso o senadores. Así lo adelantó ayer José Guillermo García Trenado, ponente de la ley por parte de los populares en la Cámara andaluza. "A pesar de los aspectos positivos que reconocemos contiene la ley, debemos negarle nuestro apoyo y anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad".

Para los populares, son varios los artículos de la norma autonómica que colisionarían con la Constitución; especialmente, buena parte de la redacción del artículo 47 del proyecto de Ley, referente a la venta [técnicamente, transmisión onerosa] de las oficinas de farmacia. En una propuesta defendida por la Junta y los colegios de farmacéuticos como favorable a una mayor transparencia y equidad (y en un escenario social donde crece el cuestionamiento de la protección económica de la que disfrutan las boticas), el proyecto de Ley introduce la figura del concurso público para la transmisión mercantil de una farmacia: el precio de una oficina es libre, pero deberá hacerse público y por la adquisición competirán quienes estén dispuestos a pagar y que, además, acrediten determinados méritos profesionales establecidos por baremación.

Para el PP, este mecanismo supone un quebrantamiento de la doctrina constitucional, que los populares ven expresada con toda nitidez en las sentencias referentes a situaciones parecidas en Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. En esta última comunidad, fue el propio Mariano Rajoy en 1999, como ministro de Administraciones Públicas, quien le planteó un recurso al Ejecutivo regional presidido por el mismísimo Manuel Fraga.

García Trenado opina que "el Constitucional ha dejado meridianamente claro que la transmisión de las oficinas de farmacia es intocable por parte de las comunidades autónomas". "Los argumentos son de enorme peso jurídico -precisa el diputado del PP-A- ya que están relacionados directamente con la libertad de empresa y existen normas superiores a las autonómicas que regulan la actividad de las farmacias, como la Ley de Comercio y la Ley de Sanidad, en las que este planteamiento está muy claro".

Según lo entiende el PP-A, la redacción presentada por el Gobierno andaluz sobre este tema toca aspectos estructurales del funcionamiento de las farmacias como empresas: "Las empresas no pueden tener diferentes reglas del juego en función de la comunidad autónoma donde se ubiquen", precisa García Trenado.

La Ley de Farmacia de Andalucía nacerá, pues, sin el apoyo del PP: no habrá en el Pleno de hoy el grado de consenso buscado a machamartillo por los colegios profesionales durante la tramitación del texto. Las instituciones colegiales se han quedado a las puertas de mostrar a la ciudadanía una imagen muy deseada por ellas: la unanimidad política en torno a la farmacia como un agente privado esencial en la prestación de servicios a la sanidad pública.

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