El PP pide que la ley para regularizar viviendas se apruebe en dos meses

  • Los populares apuestan por que los propietarios tengan "una segunda oportunidad".

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El PP-A anunció ayer que instará a los grupos parlamentarios andaluces a "intensificar" los trabajos para que la reforma de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "pueda ser aprobada" antes del próximo 31 de julio. Además, los populares exigirán al Gobierno andaluz "medidas urgentes y transitorias" para que, en tanto se regularizan las viviendas fuera de ordenación, estas puedan acceder a los suministros básicos de luz y agua.

La vicesecretaria de Organización del PP-A y portavoz de Medio Ambiente en el Parlamento, Patricia Navarro, aseguró ayer en Almería que su grupo va a presentar 15 enmiendas a este proyecto de ley para reformar la LOUA con las que quiere contribuir "a mejorar" ese texto normativo y a solucionar parte del problema que tienen los afectados de viviendas irregulares en Andalucía.

Navarro consideró que la reforma de la LOUA "llega tarde", no sólo porque lleva seis meses en "dique seco" en el Parlamento, sino también porque viene a enmendar el Decreto 2/2012, por el que se intentaba solucionar el problema de las viviendas irregulares. "Cuatro años después el Gobierno andaluz ha tenido que recurrir a un nuevo texto normativo porque aquel no fue capaz de darle respuesta a estos problemas", afirmó.

La dirigente popular indicó que se trata de un proyecto que llega nuevamente "sin ambición y a medio hacer", ya que cuenta con un artículo único que modifica tres artículos de la LOUA. "Una vez más con este proyecto de ley desde el PP pensamos que el Gobierno andaluz y Susana Díaz han tenido la posibilidad en su mano de dar respuesta, solución, seguridad y certidumbre a los más de 300.000 andaluces que viven con la amenaza constante del derribo de su hogar, y sin embargo no han hecho nada, porque el proyecto de ley va a afectar como mucho al 10% de las viviendas irregulares", dijo Navarro.

Según el PP, con esta ley "toda la responsabilidad" cae en los ayuntamientos, que tienen que hacer el censo de viviendas irregulares "sin ningún compromiso por parte del Gobierno andaluz de ponerles por delante ningún recurso, ni económico ni humano, que contribuya a que este procedimiento de regularización lo puedan llevar a buen fin". El PP reiteró su apuesta por impulsar una ley de Segunda Oportunidad para afectados por viviendas irregulares.

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