PSOE y C's acuerdan la reducción del impuesto de Sucesiones en sólo un año

  • El mínimo exento de tributar crece hasta los 250.000 euros y el error de salto se minimiza al rebajar la base imponible de las herencias con un valor inferior a los 350.000 euros.

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El programa electoral del PSOE para las pasadas andaluzas incluía la reducción del impuesto de Sucesiones y Donaciones. La presidenta Susana Díaz destacó este compromiso de su Gobierno en su discurso de investidura y el acuerdo con Ciudadanos que la llevó a la Presidencia de la Junta también lo recogía como uno de sus puntos. La rebaja de este gravamen era un proyecto con fecha de entrega -antes de 2019-, pero se ha cumplido casi en el primer año de legislatura. La presión de Ciudadanos y la moderada mejora económica surtieron ayer efecto. Fue el propio líder de C's en Andalucía, Juan Marín, el que anunció que su partido y el PSOE habían llegado a un acuerdo para reformar el polémico impuesto.

Hasta el 31 de diciembre el mínimo exento de tributar por herencias recibidas de parientes directos se mantendrá en los 175.000 euros actuales. Con el comienzo del próximo ejercicio, la cantidad aumenta hasta los 250.000 euros, lejos de los 350.000 que empezó proponiendo Ciudadanos en sus negociaciones con los socialistas.

Donde sí coincidían desde el principio ambas formaciones era en la necesidad de modular el conocido como error de salto, que igualaba la tasa a pagar para las personas que heredasen una cantidad mayor al mínimo exento. A partir de la entrada en vigor de la medida, las herencias de entre 250.000 y 350.000 euros deberán restar 200.000 euros al montante total para calcular la base imponible, es decir, para una herencia de 320.000 euros, la tasa se calculará sobre 120.000.

Sin embargo, parte del acuerdo entrará en vigor antes, cuando se publique en el BOJA la nueva legislación sobre el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Aunque no hay fecha cerrada -el Ejecutivo andaluz aún no ha decidido si será mediante un decreto o una proposición de ley- antes de final de año habrá nuevas reducciones para herencias de viviendas habituales y explotaciones agrícolas.

En el caso de las viviendas habituales, se establecen bonificaciones progresivas que van del 100% para los inmuebles de menos de 122.606,47 euros al 95% para las propiedades con un valor superior a los 242.000 euros. Estas reducciones serán aplicables a los parientes directos -descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y cónyuges-, colaterales y mayores de 65 años, siempre y cuando hayan convivido con el fallecido en los dos años anteriores al deceso. Además, se reduce el mantenimiento del inmueble heredado de diez a tres años.

La reducción para las explotaciones agrícolas se mantiene en el 99%, pero se reducen los requisitos para poder beneficiarse de la rebaja. Hasta ahora, el ahorro sólo era aplicable a los herederos que tenían el negocio agrícola como su principal fuente de renta y ésta fuera su actividad habitual, personal y directa. La nueva norma exime a los herederos de tener la explotación como mayor fuente de ingresos para aplicar la rebaja del 99%, siempre que sean parientes directos o asalariados sin parentesco con, al menos, cinco años de vinculación al negocio. Las dos medidas que deben entrar en vigor antes de que acabe el año supondrán una merma de 16 millones de euros en los ingresos contemplados en el Presupuesto autonómico de 2016. El próximo ejercicio la pérdida será mayor, pues la Tesorería de la Junta dejará de ingresar unos 125 millones de euros, según las estimaciones del Gobierno andaluz.

La cantidad no es baladí, pero fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública explicaron que el buen ritmo de ingresos que se está registrando en 2016 -igual o superior en algunos casos a las previsiones contempladas en las cuentas autonómicas- permite poner en marcha la reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Las negociaciones entre Ciudadanos y el PSOE han sido complicadas por la propia complejidad del gravamen a reformar. Destaca, sin embargo, la celeridad en el cumplimiento de un compromiso de la presidenta de la Junta, que se había visto acuciada en los últimos meses por las presiones de la formación naranja y una campaña iniciada por el PP que ha logrado más de 300.000 firmas a favor de la modificación del impuesto.

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