Ley Antitabaco

La Policía cierra el asador insumiso y su dueño anuncia que abrirá otro

  • El propietario del restaurante mantuvo durante horas su desafío a la ley, negándose a acatar la orden de cierre cautelar, pero finalmente claudicó tras ser advertido de que sería detenido por la Policía.

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La cruzada particular de José Eugenio Arias-Camisónllegó ayer a su fin sobre las 20:55. A esa hora se servían dos cañas y dos pintxos de berenjena, la última comanda que, por el momento, se atenderá en el Asador Guadalmina. Por el momento porque, unos 45 minutos después del cierre por la Policía Judicial, el propietario del asador tristemente famoso en toda España por su rebeldía contra la ley antitabaco, anunció que no se rendirá tan fácilmente: "Buscaré un nuevo local, ya montado, donde instalar de nuevo mi negocio. Y en él se permitirá fumar, y comenzaremos de nuevo con los expedientes". Descartaba así crear una sociedad gastronómica o cualquier tipo de club de fumadores, fórmulas legales vistas por la norma.

Las negociaciones con los dos inspectores de la Delegación Provincial de Salud de la Junta que se trasladaron al local para notificar la orden de cierre (los mismos que el pasado martes comunicaron la multa de 145.000 euros), los abogados de Arias-Camisón y la policía judicial que, de paisano, se presentó en el local, fueron largas. Casi dos horas, desde las 19:00 hasta poco antes de las 21:00. En sus declaraciones a la prensa, el propietario del local no mantuvo su vehemencia habitual: "Rodarán cabezas en la Junta de Andalucía", dijo dirigiéndose a la consejera de Salud, María Jesús Montero.

Antes, a su llegada al restaurante desde Madrid (donde se encontraba reuniéndose con diputados nacionales del PP, con otros propietarios en su misma tesitura, y recogiendo firmas para derogar la ley, y asegura que ya lleva más de 160.000 rúbricas), denunció que éste era un "Gobierno fascista y terrorista", y añadió que "moriré matando". No le importaba entonces pasar una noche en comisaría, pero tras el consejo de su abogado, y la presencia de la policía judicial en su restaurante, "he decidido por mi mujer y mis hijos continuar esta lucha desde fuera".

En el interior, los clientes continuaron fumando hasta el último minuto. A partir de las nueve de la noche, y hasta la hora de la comparecencia pública, fueron abandonando poco a poco el local la treintena de clientes que se encontraban en su interior. A lo largo de todo el día, las muestras de apoyo de la clientela fueron constantes: aplausos, entonaciones del "no nos moverán" con versión especial para el Asador Guadalmina... Y una tensa espera desde que, por la mañana, la consejera de Salud anunciara que se había decretado el cierre cautelar del recinto por "incumplimiento grave" de la Ley General de Sanidad, después de que el pasado martes se le notificara una sanción de 145.000 euros por incumplir reiteradamente la ley y mantener su desafío.

Cuando, pasadas las cinco de la tarde, llegaron por primera vez los inspectores de Sanidad, el padre de Arias-Camisón, Eugenio, destacó en todo momento el convencimiento de que lo que hacía su hijo era lo correcto. "Le doy mi apoyo total". Ya dentro, se reunieron éste, el encargado del establecimiento y ambos inspectores. Tras una discusión de una media hora larga, y afirmar que "no estamos conformes con la resolución", Eugenio y el encargado, Javier Milla, anunciaron que "se hará lo que mi hijo decida, y eso será que no cierra".

Aproximadamente a las siete volvieron los inspectores, acompañados de una pareja de la Policía Nacional. Entonces, el propietario les impidió el paso, alegando que "no tienen orden judicial". Previamente había dicho que "este local lo cerrará la Guardia Civil con una orden", poco antes de fumarse un puro habano a la salud de los presentes, aunque finalmente parece que atendió a los consejos de sus abogados. "No me importaba estar en el calabozo, pero por mi mujer y mis tres hijos no voy a poner resistencia ante las fuerzas del orden porque mañana la fuerza la pondré yo".

Mientras tanto, los clientes protestaban por el "atropello". "No quiero un Gran Hermano que me vigile", declaraba Luis Salleras. "Esta es una reacción fascista disfrazada de progresista. La ley es una cortina de humo para los problemas realmente graves que tiene el país, como el paro, la violencia contra las mujeres o el terrorismo", ahondó.

"De momento, esta batalla la he perdido. Veremos quién gana la guerra", concluyó el empresario.

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