Los ayuntamientos ofertarán contratos de 15 días a tres meses para los parados

  • El plan de acción social que ultima la Junta se apoyará en los servicios sociales para elegir a los beneficiarios Valderas quiere que ningún comedor escolar cierre durante el verano

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Los ayuntamientos andaluces ofertarán contratos de entre 15 días y tres meses a parados. Ésta será otra de las patas que integren el plan de acción social que la Junta de Andalucía quiere aprobar en la reunión del Consejo de Gobierno del 30 de abril y que se suma a la anunciada de dar tres comidas diarias a los niños. El anuncio correspondió ayer al vicepresidente andaluz, Diego Valderas, que subrayó entre las tres líneas importantes que componen el futuro decreto ley "un plan de acción que signifique poner empleo y trabajo en manos de las familias más necesitadas en un plazo de entre 15 días y tres meses". "Lo que se persigue es que se pueda dar, de acuerdo con los servicios sociales de los ayuntamientos y en colaboración con éstas, empleo a esas familias que en cualquiera de los pueblos de Andalucía más lo necesiten", dijo el vicepresidente andaluz sin más concreción.

El plan contra la exclusión social, que contará con un presupuesto de unos 100 millones, tiene entre sus patas la creación de empleo en colaboración con los ayuntamientos, lo que fue denominado hace meses como el PER social; la red de solidaridad alimentaria en la que se incluirá a los escolares cuyas familias tengan problemas económicos y, probablemente, a los mayores en los centros de día, y la aceleración del salario social (no la renta básica, que es un salario social universal y sin plazo determinado) para que se resuelvan las solicitudes en un máximo de tres meses.

Con estas medidas, el Gobierno andaluz ha alargado el impacto que la semana pasada tuvo la aprobación de un decreto ley para expropiar las casas a los bancos temporalmente en caso de familias en riesgo de exclusión y que incluye otra medida de semejante calado, pero que ha pasado más desapercibida: se multará a los bancos con casas vacías.

Valderas aseguró que con estas medidas el Gobierno de coalición PSOE-IU en la Junta, que el próximo 6 de mayo cumplirá su primer año de legislatura, persigue marcar "un elemento de ofensiva en conjunto del Estado". En declaraciones a los periodistas en Moguer, Valderas indicó que el decreto plantea hacer posible que "haya una mayor sensibilidad en el conjunto del Estado y que al igual que el decreto ley de Función Social de la Vivienda, éste sea un elemento que pudiera compartir el Gobierno para que no haya ningún español que se quede sin alimentación".

Valderas añadió que otro grueso importante del presupuesto que se destinará al decreto se dirigirá a "las barriadas más duras del conjunto de la comunidad autónoma y que tienen mayores dificultades en las grandes ciudades".

El vicepresidente también se pronunció sobre la medida anunciada el jueves de dar tres comidas a los escolares. En la actualidad, unos 200.000 alumnos van a los comedores y el 50% sin abonar ninguna cantidad por ello. Se trataría de incorporar el desayuno y la merienda para aquellos con rentas más bajas.

Valderas aseguró que en este propósito tendrán una intervención "muy especial" los centros escolares, ya que se está trabajando para que ningún comedor escolar cierre durante el verano de manera que se pueda cumplir con este compromiso; y los centros de día para que "tampoco ningún mayor se quede fuera".

Sin embargo la medida encontró una mayoritaria oposición por parte del PP, salvo por la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, que la saludó y la incorporó a las acciones que toma el Ejecutivo.

El portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, cuestionó ayer que la Junta pueda garantizar el derecho este derecho, ya que actualmente sólo un 43 % de los centros escolares públicos de Andalucía cuentan con comedores.

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, dijo que se trata de "fuegos de artificio" para intentar solucionar unos problemas generados por la Junta.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó ayer que la propuesta muestra "una vez más" la "sensibilidad" del Gobierno regional ante un problema social y su "determinación" para hacerle frente.

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