el juicio de los ere

Un banquillo para una época del Gobierno andaluz

  • La Audiencia de Sevilla inicia este miércoles el macroproceso por prevaricación y malversación contra Chaves y Griñán y veinte ex altos cargos de la Junta.

La sala en la que serán juzgados los ex presidentes de la Junta. La sala en la que serán juzgados los ex presidentes de la Junta.

La sala en la que serán juzgados los ex presidentes de la Junta. / Antonio Pizarro

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La imagen que Canal Sur TV transmitirá a partir de las diez de la mañana de este miércoles desde la Audiencia de Sevilla podría pasar, a ojos de un espectador distraído y salvando las evidentes distancias, por una reunión de un antiguo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Dos ex presidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se sentarán en el banquillo de los acusados para responder de las presuntas irregularidades en la concesión de las ayudas públicas durante una década. A su lado se sentarán seis ex consejeros, cuatro ex viceconsejeros, cuatro ex directores generales, tres secretarios generales, el ex interventor general, el ex jefe del gabinete jurídico y otros ex responsables de la Junta.

Un banquillo compuesto por 22 ex altos cargos. El juicio a toda una época de la Junta de Andalucía, en el que los acusados se enfrentan a penas de entre diez y 20 años de inhabilitación e incluso algunos hasta ocho años de cárcel, acusados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. La pena de inhabilitación es lo de menos, porque la mayoría de los acusados, sobre todos los que ocuparon los cargos políticos más representativos, ya están cumpliendo esa inhabilitación, muertos política y civilmente.

La duda está en si la Fiscalía introducirá algunas de las 200 ayudas que se investigan

El principal problema lo tienen aquellos ex altos cargos a los que, como ocurre en el caso del ex presidente José Antonio Griñán o los ex consejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, la Fiscalía Anticorrupción les atribuye también un delito de malversación de caudales públicos y reclama penas de prisión que oscilan entre los seis y ocho años.

La vista oral arrancará este miércoles con el trámite de las cuestiones previas, con la duda de si los fiscales delegados de Anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, plantearán al tribunal alguna iniciativa de la acusación pública. Entre las defensas de los procesados existe una gran "preocupación" por si el Ministerio Fiscal o las acusaciones populares -Partido Popular y Manos Limpias- intentan introducir en este juicio parte de las ayudas que se investigan en otras piezas separadas de la macrocausa, después de que la Audiencia de Sevilla fijase el criterio de que los 22 ex altos cargos sólo se someterán a un único juicio -en aplicación del principio legal non bis in ídem- al considerar que el procedimiento específico por el que van a ser enjuiciados ya engloba cualquier conducta que pudiera reprochárseles penalmente en el resto de las casi 200 piezas en las que se ha troceado la macrocausa.

Las defensas entienden que la introducción de esos elementos en este juicio -que versa sobre el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE- supondría un "posible fraude de ley".

La Fiscalía Anticorrupción ha guardado con un hermetismo absoluto si planteará o no cuestiones previas, y ese secreto se desvelará por la mañana al inicio de la vista oral.

La sala de prensa habilitada para seguir el juicio. La sala de prensa habilitada para seguir el juicio.

La sala de prensa habilitada para seguir el juicio. / Antonio Pizarro

Por su parte, la veintena de abogados defensores se han coordinado para exponer ante el tribunal una media docena de cuestiones previas, en las que relatarán posibles nulidades y vulneraciones de derechos fundamentales de los ex altos cargos durante la larga instrucción que se ha prolongado durante casi siete años. De la suerte que corran estas cuestiones previas dependerá el desarrollo del juicio, aunque lo normal en una macrocausa de este tipo es que el tribunal acabe rechazando la totalidad o la mayoría de las cuestiones y el juicio continúe con normalidad, en este caso, después de las vacaciones de Navidad.

Una de las principales cuestiones previas será la que presente el abogado José María Mohedano, que representa al ex presidente José Antonio Griñán y al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, que pedirá la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas en la fase de instrucción por el juez de refuerzo Álvaro Martín -que dictó el auto de apertura de juicio oral-, al considerar que se vulneró el "derecho al juez predeterminado por la ley", que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española, por su designación como encargado de la instrucción de los ERE, tras la llegada de María Núñez Bolaños como nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Lo normal en un juicio de estas características es que se rechacen las cuestiones previas

La defensa entiende que como los órganos de gobierno del Poder Judicial prorrogaron la comisión de servicio que Álvaro Martín tenía cuando la titular del juzgado era Mercedes Alaya, esa comisión sólo le habilitaba para intervenir realizando labores de apoyo o asistencia a la magistrada titular, pero no para encargarse de la instrucción de las macrocausas. Esta cuestión ya fue planteada por Mohedano ante la Audiencia de Sevilla en junio de 2016, al estimar que la comisión de servicio que se concedió al juez Álvaro Martín en julio de 2013 "no puede servir de cobertura" a su actuación como instructor.

En el improbable caso de que esta cuestión prosperara, las consecuencias de la declaración de nulidad provocarían la suspensión del juicio y la devolución del sumario al juzgado de Instrucción, retrotrayendo las actuaciones hasta el momento anterior en el que Álvaro Martín fue designado para instruir esta macrocausa.

También impugnarán la introducción del delito de asociación ilícita que atribuye el PP a todos los acusados y por los que pide una condena de dos años de cárcel, y la defensa de la ex consejera Carmen Martínez Aguayo solicitará que todos los acusados declaren al final del juicio, una vez que comparezcan los 117 testigos y 12 peritos citados a la vista oral, una medida que se adoptó recientemente en el juicio a los cincos jóvenes de la manada en Pamplona.

El inicio del juicio de los ERE ha despertado una gran expectación mediática, como muestran los 160 periodistas de 40 medios de comunicación distintos que han sido acreditados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para seguir el desarrollo del macrojuicio.

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