El fiscal pide otro informe patrimonial de los acusados en el caso Nevada de Granada

  • La causa investiga la presunta prevaricación urbanística en un centro comercial

El juez del caso Nevada, Miguel Ángel del Arco, que investiga la presunta prevaricación urbanística en la tramitación y ejecución del macrocentro comercial de Armilla, decretó ayer secreto de sumario sobre el informe de la Guardia Civil relativo a los supuestos incrementos patrimoniales de los imputados en la causa. El juez accede así a la petición que en ese sentido le trasladó el día anterior la Fiscalía, que además propuso otras actuaciones judiciales sobre el controvertido informe, que, sin embargo, en el auto judicial no quedan resueltas.

Solicita el Ministerio Público que se abra un procedimiento separado a la investigación urbanística para validar la patrimonial, que estaba elaborando la Guardia Civil hasta que la Audiencia, al estimar un recurso del promotor Tomás Olivo en tal sentido, declaró nula esa vía de investigación.

Dicho informe, cuando el Equipo de Delitos Urbanísticos (EDU) de la Guardia Civil recibió la notificación de que sus prospecciones en el patrimonio de los imputados debían cesar, fue entregado por los agentes al órgano judicial que se lo pidió -el Juzgado de Instrucción 6- y, a la luz de los resultados que iban obteniendo, entregó una copia a la Fiscalía por si apreciaba indicios de delito. Esa hipótesis, dada la reacción del Ministerio Público, parece cobrar fuerza, aunque en su dictamen se deduce que el fiscal no ha visto aún el contenido del estudio patrimonial.

El fiscal solicita que la apertura del nuevo procedimiento se remita al Decanato para su reparto entre los juzgados. Será entonces cuando, transcurrido los 30 días de secreto de sumario establecidos ayer, el nuevo juez valore si procede continuar el procedimiento o acordar su sobreseimiento. Entretanto nadie debe ver el informe.

El juez Del Arco acepta la propuesta del fiscal y decreta el secreto de sumario por un mes para todas las partes excepto para el fiscal, pero, en lugar de incoar una pieza separada -un procedimiento judicial distinto al original de prevaricación urbanística-, informa a las partes de que pueden recurrir la decisión de mantener judicialmente vivo el informe patrimonial pero bajo secreto.

Como muy probablemente las defensas de los imputados (Tomás Olivo y los ex responsables municipales de Armilla José Antonio Morales y Gabriel Cañavate, ambos del PSOE, entre otros) insistirán en destruir el informe patrimonial y las acusaciones (PP y Verdes) reiterarán su intención de examinarlo, la resolución acabará en la Audienciade Granada, órgano que decretó la nulidad de la investigación patrimonial de los imputados.

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