13 de diciembre: Arranca el juicio de Chaves y Griñán

El 13 de diciembre próximo arrancará el juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el escándalo de los ERE fraudulentos. La vista oral comenzará casi siete años después de que se iniciara la instrucción, en el año 2011, y cinco de la implicación de los ex presidentes. El ponente de la causa, el magistrado de la Sección Primera Juan Antonio Calle Peña, informó ayer a las partes personadas en el proceso de que la vista oral por el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE comenzará el 13 de diciembre con la presentación de las cuestiones previas, mientras que las sesiones ordinarias con las declaraciones de los 22 ex altos cargos procesados y la práctica de las demás pruebas se desarrollarán a partir del 9 de enero de 2018.

Para las cuestiones previas, el tribunal ha fijado en principio los días 13, 14 y 15 de diciembre, en sesiones de mañana, mientras que la vista oral en sí misma con las declaraciones de los primeros acusados comenzará el 9 de enero de 2018. Habrá entonces tres sesiones cada semana, los lunes y martes sólo por la mañana, a partir de las 10.00, y los miércoles en sesión de mañana y tarde.

Lo que no se ha concretado todavía es cuánto tiempo puede durar el juicio, dado que el tribunal prefiere que se inicie la vista oral y a partir de ahí, en función de cómo se desarrollen los interrogatorios de acusados y testigos, elaborar un cronograma sobre el mismo. Lo que sí está claro es que serán varios meses de sesiones.

El tribunal pretendía que fuesen cuatro las sesiones a la semana para no demorar mucho la celebración del juicio, pero los abogados han pedido que sean sólo tres sesiones semanales. También habrá flexibilidad y se acomodarán algunas declaraciones si, por ejemplo, uno de los abogados tuviese fijado otro juicio para ese día, según el acuerdo alcanzado entre el tribunal y las partes tras la reunión que mantuvieron ayer durante más de una hora en la Audiencia de Sevilla.

El magistrado Juan Antonio Calle Peña, que fue designado ponente de este juicio tras la recusación de otro magistrado, convocó una reunión para abordar la fecha del inicio de la vista oral y a la que asistieron los 18 abogados de la defensa, los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, y los abogados de la acusación particular que ejerce el PP, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, mientras que la acusación del sindicato Manos Limpias no acudió.

La intención del ponente era inicialmente celebrar este primer juicio de los ERE -cuyo resultado puede marcar el devenir de muchas de las casi un centener de piezas separadas que se investigan- durante cuatro sesiones a la semana, dado que entendía que fijar menos días de sesiones a la semana podría demorar durante mucho tiempo el desarrollo de una vista que está previsto que se prolongue durante varios meses.

Algunas defensas se habían mostrado reacias a que el juicio se fijara durante cuatro sesiones a la semana, por la posible afectación a la marcha de los despachos profesionales, pero también es cierto que en otras ocasiones -como ocurrió con el caso Malaya- se organizó el juicio de tal forma que se permitía a las defensas ausentarse cuando no se trataban asuntos que afectaran directamente a su cliente, fijando la celebración del juicio por bloques de acusados.

La intención de iniciar el juicio antes de final de año ya fue trasladada recientemente por el ponente de la causa al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien se desplazó a Sevilla para interesarse por la fecha de la celebración del juicio y los posibles refuerzos que los magistrados de la Audiencia necesitarán con motivo de este caso y de la avalancha de macrocausas que llegarán en los próximos meses, una vez que va terminando la instrucción de los distintos sumarios.

De hecho, la Comisión de la Sala de Gobierno del TSJA ya ha ofertado tres plazas de jueces para reforzar la Audiencia de Sevilla con motivo de los ERE y de las demás macrocausas pendientes.

A partir de diciembre, los ex presidentes de la Junta y los otros 20 ex altos cargos procesados se sentarán en el banquillo para responder de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y asociación ilícita que se les imputan por las diferentes acusaciones.

La Fiscalía Anticorrupción reclama en concreto una condena de seis años de prisión y otros 30 años de inhabilitación para el ex presidente José Antonio Griñán, que está procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación en relación con el fraude los ERE, mientras que para Manuel Chaves solicita una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

El Ministerio Público pide la misma pena de seis años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación para la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas, el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

Anticorrupción cifra la cuantía del fraude, es decir, la cantidad que deben devolver de forma solidaria los acusados por malversación en más de 741 millones (741.596.545 euros) en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales considera que Griñán debe devolver solidariamente junto a otros acusados más de 483 millones, en concreto, 483.937.659 euros, por las ayudas concedidas entre los años 2005 y 2010.