El juicio a los ex presidentes Chaves y Griñán no se celebrará antes de un año

  • La tramitación de los recursos contra el auto que ha procesado a 26 ex altos cargos y de la fase intermedia situaría en la hipótesis más favorable el inicio de la vista oral en otoño de 2017

El juicio contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los otros 24 ex altos cargos imputados en la pieza del denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE no podrá celebrarse como mínimo antes de un año. En el pronóstico más favorable, la vista oral no podría iniciarse hasta después del verano de 2017, en los meses de septiembre u octubre, según varias fuentes jurídicas consultadas.

Varios factores como los recursos que se presentarán contra el auto dictado el pasado miércoles por el juez de refuerzo Álvaro Martín, como la propia tramitación que debe seguir la causa antes de que se inicie la vista oral, influyen en esta nueva demora, a pesar de que tanto este magistrado como la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, se habían fijado un plan que pasaba por concluir precisamente la instrucción este mes de junio -algo que se ha cumplido-, con la idea de agilizar la tramitación de la macrocausa y el enjuiciamiento de esta primera pieza que lleva más de cinco años en fase de instrucción.

De momento, Martín ha dado un plazo de tres días a las partes para que presenten un recurso de reforma contra el auto que ha transformado las diligencias previas en un procedimiento abreviado. De la misma forma, ha concedido otro plazo de cinco días para presentar de manera "subsidiaria o directamente" un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla.

El auto también fijaba otros 45 días para que la Fiscalía Anticorrupción y las demás acusaciones personadas en la causa -Junta de Andalucía, PP y Manos Limpias- presentes sus respectivos escritos de conclusiones provisionales solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, aunque este plazo quedaba interrumpido hasta que se reciba determinada documentación que se ha solicitado a la Intervención General de la Administración del Estado, a la Intervención General de la Junta y a la propia Administración autonómica.

La acusación del PP presentó el viernes un recurso de aclaración en el que pide al juez que precise si los plazos concedidos para recurrir el auto también quedan en suspenso hasta que se reciba esa documentación en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

La demora en el enjuiciamiento de la pieza del "procedimiento específico" dependerá, en gran medida, de la resolución de esos recursos. El juez deberá resolver, en primer lugar, los posibles recursos de reforma, algo que podría prolongarse hasta el mes de julio. El magistrado debería entonces dar traslado, en su caso, de un nuevo trámite para apelar a aquellas partes que no hayan expresado la intención de recurrir de manera subsidiaria en apelación.

Con el mes de agosto entre medio -inhábil para las actuaciones judiciales que no se consideran urgentes-, podría darse la circunstancia de que los recursos no llegarán hasta septiembre a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de resolver todos los recursos que derivan de la causa de los ERE y que está sobrecargada de trabajo, como el resto de las secciones penales de la Audiencia. Esto determinará que la tramitación de los recursos de apelación se ralentice varios meses más. Un ejemplo: el último recurso que ha resuelto el tribunal relacionado con la causa tiene fecha de 3 de junio y en él se ha avalado la división en piezas de los ERE que hizo Bolaños en resoluciones dictadas el 30 de julio de 2015 y el 9 de noviembre de 2015. Han pasado siete meses desde que se recurrieron los autos.

Dada la urgencia con la que se quiere tramitar esta pieza, el tribunal resolvería el recurso contra el auto de procedimiento abreviado como muy pronto en diciembre de este año o enero de 2017. A partir de ese momento habría que enviar la causa a la Sección de la Audiencia de Sevilla que debe encargarse de celebrar el juicio. Y para ello los jueces de la Audiencia de Sevilla, según avanzó su presidente, Damián Álvarez, deben decidir en un pleno de magistrados aún sin convocar cómo se hará el reparto de las distintas macrocausas que se prevé puedan llegar en los próximos meses desde el juzgado de Instrucción número 6.

Como la Sección Séptima de la Audiencia -en la que por cierto está destinada Mercedes Alaya- está excluida para celebrar el juicio por haber resuelto todos los recursos, la vista oral contra Chaves y Griñán sólo podrá celebrarse en alguna de las otras tres secciones penales: la Primera, la Tercera y la Cuarta.

Una vez que los magistrados establezcan los criterios de reparto -Damián Álvarez pidió la creación de la una novena sección en la Audiencia ante el "aluvión" de las macrocausas-, la sección a la que haya correspondido el juicio deberá encajar este juicio en su agenda de señalamientos, lo que plantea una nueva demora porque habría que hacer hueco para un juicio que en principio podría prolongarse durante varios meses. Y habría que cuadrarlo asimismo con los señalamientos que tengan ya fijados la veintena de abogados personados en la causa, teniendo en cuenta además que el caso de los ERE no es preferente porque se trata de una causa donde no hay ningún preso preventivo.

Si por ejemplo le correspondiera el juicio a la Sección Primera, que el próximo año tiene fijados otros macrojuicios como el delito societario del Real Betis en abril y otro relevante contra el Medio Ambiente en septiembre a tres directivos de Cobre Las Cruces, esta sala no podría señalar el juicio de los ERE como muy pronto hasta enero de 2018. Y en una situación similar están las otras secciones de la Audiencia, con lo cual antes de un año como mínimo no habrá juicio.

Mientras tanto y en estos meses sí se conocerán los escritos de conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción y de las demás acusaciones, que podrán solicitar incluso penas de cárcel para Griñán y otros 17 ex altos cargos por el delito de malversación que les ha imputado el juez en concurso medial con el de prevaricación.

El instructor también podrá dictar el auto de apertura de juicio oral -que es irrecurrible-, ya que los recursos contra el auto de procedimiento abreviado no suspenden la tramitación de la causa, aunque por razones de prudencia lo normal sería que la apertura de juicio oral no se acordara hasta que la Audiencia resolviera los recursos pendientes. La idea de todos los operadores judiciales consiste en celebrar este juicio cuanto antes, ya que se trata, según ha dicho esta semana la propia Audiencia, de una "necesidad social" para dar una "pronta solución" a un caso que ha generado tanta "alarma social".

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