Ni una palabra de cómo reavivar (económicamente) al muerto

  • Griñán critica la austeridad de Rajoy y Arenas se aferra a una auditoría que retrate las cuentas de la Junta, pero ni uno ni otro profundizan en sus futuras políticas económicas

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Nadie sabe exactamente cómo gobierna Javier Arenas porque jamás lo ha hecho (en Andalucía). Si su más íntima convicción se cumple, si aciertan los sondeos, el 25-M se sabrá presidente de la Junta y heredará una comunidad enferma, económicamente parapléjica. Dispondrá entonces de un plazo dilatado, cuatro años, para demostrar que es capaz de cambiar el chip del opositor de trinchera y rueda de prensa (¿qué ha sido del Parlamento como foro de propuesta y debate?) por el del estadista en miniatura típico de la España autonómica. Un estadista, hay que admitirlo, poco creativo y menos heterodoxo. La soberanía hispana se perdió en una alcantarilla de Bruselas. Y todas las administraciones lo padecen por igual.

Andalucía es generalmente conocida en el resto del país por sus deméritos. Treinta años de socialismo no han cambiado nada. O han cambiado poco en comparación con la evolución de sus 16 vecinos. De 1981 a 2010 el PIB regional por habitante creció un 122,5%, pero la comunidad siempre ha estado unos veinticinco puntos porcentuales por debajo del PIB medio nacional.

Después de cada victoria electoral, el PSOE estrenaba lemas más o menos conocidos (las sobadas modernizaciones) y prometía encontrar -esta vez sí- la receta definitiva contra su lacra más célebre: el paro. Pero no. Quizás el problema sea confiar en la política y no en las empresas como vía de creación de empleo; el caso es que hoy existen aquí 1.248.500 parados; el caso es que el desempleo juvenil supera el 55%; el caso es que la tasa de paro es la mayor del Estado con un 31,23%.

La gestión de las cuentas públicas tampoco ha sido digna de monumento, aunque aquí el fallo es nacional: España al completo, como Grecia, Italia, Portugal o las mismísimas Alemania y Francia, se abonó alegremente a la cultura del desfase ingresos/gastos cuando nadie imaginaba una depresión como la actual. La Junta acumula hoy una deuda de 14.314 millones, el 9,8% de su PIB, y cerró 2011 con un déficit del 3,22%. Los objetivos para 2012 (1,5%), impuestos a las CCAA indirectamente desde la UE, obligarán a intensificar ese ejercicio tan descorazonador de la podadora.

La mitad del gasto público andaluz la engullen dos patas esenciales del sistema del bienestar: sanidad y educación. Pistas: 1. En Cataluña, la región más endeudada (41.778 millones), estas partidas han sufrido severos recortes. 2. Mariano Rajoy ha aclarado que no es amigo del copago sanitario. Asuman pues que llegará tarde o temprano.

En verano de 2010, el equipo de José Antonio Griñán aprobó un decreto cuya importante misión era la reordenación del sector público andaluz. Los gastos de personal suponen para la Junta alrededor de un tercio del total. Ése es un terreno idóneo para predicar austeridad. La solución de entonces fue chapucera: rebajar de 254 a 144 las empresas públicas, ahorrando 115 millones en los sueldos de los altos cargos pero sin tocar al personal laboral. Sabemos que la Junta emplea a 254.000 ciudadanos entre funcionarios y contratados. Ignoramos cuánta gente ha fichado por las empresas de la Administración. Hay un ejemplo recurrente que retrata la dimensión del exceso: la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) llegó a contar con unos 1.600 empleados, más que muchas compañías punteras de esta tierra. La Junta echó a algunos directivos y profesionales e inscribió a la fundación en los dominios del SAE. La plantilla, sin embargo, es todavía mastodóntica.

El papel de la Junta tampoco ha sido menos torpe con las finanzas, otro de sus (antiguos) ámbitos de influencia. ¿Recuerdan el sueño de la Gran Caja Andaluza? Cajasur es ahora vasca (BBK). Cajagranada se integró en BMN junto a una balear, una catalana y una murciana. Banca Cívica, la matriz de Cajasol, negocia una fusión con La Caixa. Y Unicaja, la entidad que mejor ha sabido moverse en términos de conservación del poder, se ha unido a Caja España-Duero tras un año de negociaciones.

Arenas, si gana (o Griñán, si pierde pero poco), tendrán que volcarse con los emprendedores. Hay grandes compañías, pero siguen siendo pocas. También hay pymes y autónomos, pero muchos no cobran. Para que germine el cambio de mentalidad, para que haya trabajadores activos y no pasivos por cuenta ajena, para contar con miniJobs o miniZuckerbergs, habría que fulminar el laberinto burocrático, las excesivas cargas tributarias y la inexistencia de crédito. Son medidas que pueden articularse desde Madrid, pero España eligió ser autonómica y la Junta debe justificar, tal vez más que nunca, su existencia.

Sorprendentemente, el debate económico apenas ha aparecido en campaña. Griñán percute en el flanco obvio, que son los riñones de Rajoy (reforma laboral, subida de impuestos), mientras Arenas habla de calcar el modelo de Cospedal en Castilla-La Mancha (auditoría para conocer el estado de las arcas andaluzas) sin aclarar nada más. El margen de maniobra de la Junta es fiscalmente amplio: maneja el 50% del IVA y del IRPF y el 58% de los Impuestos Especiales, además de contar con poderes para subir sus tramos recaudatorios, crear otros tributos o recuperar algunos descatalogados. Pero estos candidatos son hijos de una cultura política poco ilustrada: la que consiste en desacreditar al rival antes que en explicar una línea de actuación.

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