La falta de fondos pone en riesgo los proyectos de las ONG andaluzas

El informe El nuevo mapa de la pobreza, de Cáritas, a quien se podría considerar como la gran marca de la solidaridad en la región junto a Cruz Roja, pero que también empieza a estar desbordada, dibuja un panorama desolador de la dimensión de una crisis que amenaza con derrumbar el muro de contención que ha levantado durante décadas el tejido asociativo. Desde 2007 la demanda de ayuda se ha triplicado: "La crisis sigue afectando a miles de familias que ven cómo su situación se va haciendo más precaria, al tiempo que la realidad de las personas con las que venimos trabajando y que están en situación de mayor vulnerabilidad no mejora y, en muchos casos, corre el riesgo de quedar invisibilizada". En 2010 Cáritas consiguió incrementar su recaudación en torno a a un 30%. El incremento de la demanda entre 2007 y 2010 ha sido de un 107%. La solidaridad no puede crecer al ritmo sideral de la destrucción de empleo y del fin de las coberturas sociales en los parados de larga duración.

La Estrategia Europea 2020 define los indicadores de personas que viven en situación de pobreza o riesgo de exclusión social y, siguiendo estos baremos, uno de cada tres andaluces está en esa situación, un 33%, diez puntos más que la media española. Por primera vez más de un 4% de la población andaluza (y eso es mucho) se encuentra dentro de los items que Europa entiende como Privación Material Severa, es decir, carece de recursos para acceder a bienes básicos (uno de los ítems es comer pescado, carne o pollo cada dos días). Las estadísticas oficiales hablan de 370.000 hogares andaluces en los que nadie trabaja, hay 974.000 personas apuntadas a las oficinas del SAE y, de ellos, un 36% no recibe la prestación de desempleo.

A las once de la mañana, media hora antes del momento señalado para la recogida de la comida, ya puede verse a mujeres con carritos en el polígono Fadricas, en los alrededores del comedor social El Pan Nuestro, en San Fernando. Dentro, huele a lentejas recién hechas y Gemma Pery, que dirige este centro de ayuda, se multiplica ordenando las cajas de comida. Este comedor es uno de tantos al borde de la asfixia económica. Un par de donaciones extraordinarias han conseguido salvar el ejercicio a la espera de que llegue el dinero de las subvenciones. Pan Nuestro tiene seis empleados y necesita 12.000 euros al mes para atender a las más de 200 personas que en la actualidad acuden a por un lote de dos alimentos diarios. Antes eran tres, pero ha habido que recortarlo. También antes el número de comidas se movía en unos límites razonables. Ahora las que da El Pan Nuestro superan las 39.000 al mes. "Todo se ha disparado: los desayunos que damos a la gente que vive en la calle, los que vienen al comedor, los que vienen a recoger alimentos... El perfil de los demandantes de ayuda ha cambiado radicalmente en dos años", explica Gemma.

Éste es el escenario en el que trabaja la Red Andaluza de la Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, integrada dentro del proyecto European Anti-Poverty Network, que le da sus siglas, EAPN. Dentro de esta red están integradas la mayor parte de las asociaciones que trabajan contra la exclusión en Andalucía y aquí se conoce de primera mano cómo está viviendo por dentro la crisis la comunidad solidaria. Lola García es su portavoz: "Retrasos, recortes, reestructuraciones. Los despidos en las asociaciones, los eres, están a la orden del día. Cuando se acaba un proyecto, los trabajadores saben que habrá reducción de plantilla". Se cierran centros de acogida, asociaciones renuncian a proyectos de ayuda ante la exasperación por el retraso en la llegada de subvenciones concedidas. "En el asociacionismo funciona la solidaridad interna. Las asociaciones grandes absorben más pequeñas, con lo que el tejido se va reduciendo renunciando a trabajar en lo menos urgente, pero la sociedad tiene que preguntarse hasta dónde está dispuesta a perder estos bombeos de ayuda que sirven como muros de contención contra una desesperación que llegará un momento que no se pueda manejar. Este muro de contención puede convertirse en Pladur", afirma Lola, que asesora a asociaciones sin recursos que han pasado ya por la póliza de crédito, la rehipoteca, los bienes personales de sus asociados... No hay dinero y, cuando llegue, es posible que sea tarde. Reconoce García que hay una mayor voluntad solidaria entre los ciudadanos, "pero como es lógico van a parar a las asociaciones más conocidas, como Cruz Roja o Cáritas, que en honor a la verdad intentan hacerse cargo de los proyectos de las más pequeñas, pero esto también puede llevar al colapso de las grandes". Pese a ello, el número de asociaciones no para de crecer. El censo de la Agencia del Voluntariado contabiliza 2.158 asociaciones y 405.505 voluntarios, cuando en 2008, había 1.408 asociaciones y 329.739 voluntarios. El número es engañoso. UGT ha denunciado que las ayudas a asociaciones que trabajan en los programas de exclusión social ha sufrido un tijeretazo que ha alcanzado un 70%. Esto hace que gran parte de esas 2.000 asociaciones que tiene censadas la Junta sean inviables.

En cooperación internacional, donde la Junta asegura que no ha habido recortes, los ingresos de las ONG procedentes de dinero público han caído en picado. El caso de la Diputación de Cádiz, con cargo directivo en el Fondo Andaluz de Municipios de Solidaridad Internacional (Famsi), demuestra lo que pasa: dedicaba un 0,3% de su presupuesto a este concepto en 2008, 897.000 euros. Para 2011, serán 216.100 euros, un 0,08%, muy lejos de ese 0,7% que se mendigaba en tiempos de bonanza. Famsi, con unos seis millones de presupuesto y un compromiso de austeridad en su última asamblea, funciona porque sus fondos no dependen sólo de sus asociados, ya que muchos ayuntamientos, que apenas tienen para pagar a sus trabajadores, ya no abonan su aportación.

La campaña electoral y la idea fuerza de los socialistas de que Andalucía no recorta en ayudas sociales ha venido a salvar a las asociaciones de Feaps, que agrupa a las entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual, como Afemen, asociación de enfermos mentales, que hace dos meses tuvo que cerrar uno de sus talleres, que atendía a 30 personas. La Junta ha pagado a finales de octubre ocho millones de los once que debía y que amenazaba muy seriamente la capacidad asistencial a 14.500 personas en toda Andalucía. Este dinero salva de momento la suspensión de pagos de los centros especiales de empleo. Las delegaciones de Empleo ya no tendrán que ver en sus puertas pancartas como las que hace sólo unas semanas aseguraban: "La Consejería de Empleo nos lleva a la ruina".

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