Cae una red que falsificaba denuncias de violencia machista

La Guardia Civil de Almería, en el marco de la Operación Pomelo, ha detenido a 18 integrantes de una supuesta organización criminal que ponían en contacto a mujeres marroquíes con personas que tuvieran residencia legal en Almería y con el fin de regularizar su situación en el país. Tras un periodo de relación sentimental simulada, acordaban presentar denuncias por violencia de género con el objetivo de cobrar las ayudas públicas y conseguir el permiso de residencia.

Los agentes han detenido a los tres organizadores de la trama, además de otros seis varones y nueve mujeres que participaron en los hechos, practicando también dos registros en los domicilios de algunos de los implicados, donde han intervenido abundante documentación que está siendo analizada. Hasta el momento, la investigación ha podido determinar la implicación de los detenidos en al menos 14 delitos de denuncias falsas por violencia de género, con las que pretendían obtener la regularización de su situación e iniciar la tramitación de una subvención.

La investigación se inició después del verano, al detectar un aumento significativo de denuncias por violencia de género entre ciudadanos marroquíes, presentadas en el Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido, en las que coincidían una serie de características y patrones comunes.

Tras las primeras averiguaciones se localizó a un grupo organizado compuesto por tres personas de nacionalidad marroquí que se dedicaban a buscar mujeres marroquíes en situación irregular en España. Les ofrecían poder acceder a regularizar su situación administrativa simulando ser víctimas de violencia de género, además de posibilitarles acceder a las ayudas económicas que se conceden en España para las víctimas de estos delitos.

Para ello, contactaban con varones marroquíes, con situación administrativa regularizada en España, para evitar su expulsión por aplicación de la Ley de Extranjería, a los cuales les ofrecían una cantidad económica de entre 2.000 y 4.000 euros por simular ser pareja y agresor de la mujer, con la promesa de que cuando ésta consiguiera su residencia legal en España retiraría la denuncia y la causa se archivaría, quedando sin antecedentes por dichos delitos.

Una vez interpuesta la denuncia y con la sentencia provisional, las mujeres acudían a la Oficina de Extranjeros de Almería, donde presentaban una solicitud de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, conforme a su consideración de víctimas de violencia de género. En los casos investigados hasta el momento estas ayudas eran concedidas en el plazo de un mes.

Cuando las mujeres conseguían su regularización, abonaban al supuesto autor la cantidad económica acordada, así como a los miembros de la organización la cantidad previamente pactada por encargarse de los trámites.