El ocaso de las políticas sociales

Las inversiones en políticas sociales han descendido. A partir de esta verdad incontestable, tanto la Junta de Andalucía gobernada por PSOE e IU como el PP llevan semanas midiendo el grado de responsabilidad ajeno, poniendo el foco sobre los recortes del contrario y empujando a la sombra los propios.

Mientras tanto las solicitudes de los nuevos dependientes se meten en un cajón, como denuncia el Defensor del Pueblo andaluz. Que culpa a la Junta.

Los ayuntamientos perciben menos dinero para los servicios sociales comunitarios. Y eso es por el recorte del Gobierno central.

Y muchos colectivos vulnerables (drogodependientes, discapacitados, familias numerosas...) ven reducidas en Andalucía las partidas que le dedican las administraciones, por las transferencias del Gobierno central y por el recorte adicional de la Junta. Porque una envía menos dinero y la otra, acuciada por los problemas de Tesorería y el cumplimiento del objetivo de déficit, aprovecha y acomete un tajo adicional.

Si el Gobierno no manda dinero para el plan de atención a presos, la Junta lo suspende y alude al impago del Gobierno. Si las entidades sociales de diverso tipo se quejan de los impagos de la Junta y despiden a empleados, ésta se acuerda del descenso en las transferencias del Gobierno central. Y así cada día.

Ayer la consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, convocó una rueda de prensa para adelantar la posición de la comunidad en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia que se celebró en Madrid. La consejera se afanó en detallar los recortes del Gobierno central en la materia. A la misma hora el PP andaluz hacia lo propio en otra rueda de prensa.

Montero relató la disminución de los fondos del plan concertado para servicios sociales comunitarios por parte del Gobierno central. De 17 millones en 2011 pasó a mandar 9,2 el pasado y 5,3 el presente. La Junta mantuvo en unos 42,4 millones el dinero que envía a los ayuntamientos. "El recorte nos obliga a reducir compromisos", anotó.

A la misma hora el PP presentaba una campaña para denunciar los recortes sociales de la Junta y admitía que el Gobierno ha recortado 12 millones, pero endosó a la Junta 120,6 millones si se comparan los Presupuestos de 2012 y de 2013. Como informó en diciembre esta redacción, los recortes afectan a atención a la infancia, bienestar social, drogodependencias o violencia de género, entre otras.

Capítulo aparte merece la dependencia. El Gobierno central ha recortado en múltiples patas de la ley (suprimió el reparto de dinero de nivel acordado que supone 214 millones para Andalucía, eliminó la paga para cuidadores, aplazó a los moderados, redujo un 15% la prestación económica...) y de todo ello la Junta hace bandera y resalta su "esfuerzo" para sostener la ley, ensalzó Montero.

Sin embargo, como ha confirmado el Defensor tras recibir cientos de quejas, la entrada de nuevos expedientes está "vedada" desde hace meses. A preguntas de los periodistas, Montero sólo aceptó una "ralentización" en la aplicación de la ley y negó una "derogación encubierta".

Esta misma justificación ya fue rechazada por el Defensor. Montero comparó los beneficiarios de hace un año, unos mil más que en la actualidad (192.532), para apoyar que la ley sigue en funcionamiento. Pero el número de dependientes baja desde verano. Además, los dependientes que aún no tienen ayuda son 57.662.

La Junta ha variado su discurso con respecto a la eficacia de conceder una paga económica directa, de entre 300 a 500 euros. El Gobierno andaluz proclama ahora una encendida defensa de este recurso "estigmatizado" por las "presiones" del sector de las residencias. De hecho, Montero preveía amonestar al Gobierno por pretender hacerla "inviable". Según desveló la consejera, el Gobierno central apuesta por primar la prestación económica vinculada a servicio, un recurso escaso en Andalucía (3.326), que representa un 1% de las ayudas. Montero la comparó con un "cheque, como en Madrid", que obligaría a la familia a sufragar el resto del servicio. Avanzó además que pretende bajar un 10% las tarifas de las plazas concertadas, pero "con cuidado" para evitar recortes laborales .

La Junta se opone además a que el solicitante aporte más documentación, como pretende el Ministerio. Y a una mayor acreditación de los datos que las comunidades envían. Señala que siempre se han basado en el principio de buena fe y confianza entre administraciones. Esa misma que, entre unos y otros, ha llevado al declive de las políticas sociales en Andalucía.