El juez de lo Contencioso Admistrativo número 12 de Sevilla tiene ya en su poder el listado de nombres de la cúpula del Servicio Andaluz de Salud que la defensa jurídica de la Asociación de Eventuales del SAS (Aesas) considera responsables del fraude de ley y el uso indiscriminado que, denuncian, se ha implantado en la gestión de la bolsa de trabajo.

En concreto, la demanda de impugnación de la bolsa del SAS, que presentó el viernes en el juzgado el abogado y secretario de Aesas, Manuel Martos, recoge la petición de que se cite judicialmente a la directora general de Profesionales, Celia Gómez González, responsable de dirigir las políticas de recursos humanos del SAS, además de coordinar las relaciones con los sindicatos, diseñar la carrera profesional y los cursos de formación para los cerca de 95.000 profesionales del gigante sanitario andaluz. Este volumen de plantilla requiere de la gestión de una partida que supera los 4.000 millones de euros. Cabe señalar que Celia Gómez llegó a la sanidad andaluza en febrero, tras ser destituida en enero como gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), la otra comunidad, junto con Andalucía, donde gobierna el PSOE.

En caso de incomparecencia "justificada" de Gómez González, apunta Martos en su escrito, se pide al juez que llame a testificar al subdirector del área, Arturo Domínguez. Además del director de Gestión Económica y de Servicios, Horacio Pijuán González, y a Carlos Languillo, Interventor General.

La defensa jurídica de Aesas solicitó en su día, por la vía administratriva, el acceso a la RPT (Relación de puestos de trabajo) actualizada del SAS por cada centro de trabajo, con la unión de contratos y altas en la Seguridad Social, además de, entre otros documentos, la aprobación presupuestaria con la indetificación de la partida por cada trabajador de los contratos existentes en la RPT y los informes de intervención desde 2012 hasta ahora.

Pese a las continuas llamadas a una mayor transparencia en las cuentas de las partidas públicas, uno de los pilares del discurso político de la presidenta Susana Díaz, la solicitud del acceso a estos documentos fue negada. Este nuevo paso dado ahora por el colectivo de sanitarios eventuales que representa Aesas, más de 500 del total de 17.000 profesionales que responden a este perfil -sanitario que lleva varios años encadenando contratos de corta duración con el SAS y que desarrolla su trabajo bajo los mismos parámetros que aquellos profesionales que sí cuentan con una plaza reconocida-, responde a la admisión a trámite del juez como procedimiento abreviado de la demanda que pide investigar la legalidad de los contratos que realiza el Servicio Andaluz de Salud.

La bolsa, como sistema de contratación, y en la que están inscritos más de 370.000 profesionales sanitarios de todas las categorías, "sólo puede utilizarse" para la contratación del personal necesario para la prestación de servicios de corta duración: vacaciones, maternidad y situaciones no previstas, caso de las bajas por enfermedad o incapacidad, situaciones que "siempre comportan un principio y final ciertos en el tiempo". Martos reconoce en su escrito que "también existe otra bolsa de larga duración sobre plazas estructurales", que son los únicos eventuales que reconoce la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, aunque "tanto en una plaza como en otra se está abusando sin justificación legal alguna de la contratación".

Así, Martos defiende que, "en fraude de ley", "se está haciendo un uso indiscriminado de la concatenación por el cual se dota de fijeza a personal que teóricamente sólo es temporal". El uso "indiscriminado" que se está dando a la bolsa -la consejera Sánchez Rubio llegó a reconocer en una reciente comparecencia en el Parlamento la existencia de 500.000 contratos, que seguiría realizando "hasta que un juez diga que es ilegal"- ampara "situaciones de ambigüedad".

De este modo Aesas -que libra su batalla contra la administración exclusivamente por la vía judicial- pide al juez que declare el mantenimiento de la bolsa de trabajo y los mecanismos de contratación en los casos estipulados para ello. Además, solicita la necesidad de realizar una auditoria de trabajadores que deben salir de las bolsas temporales por tener vinculaciones de larga duración con el SAS.

Así lo entendió el juez de Cádiz que falló a favor de tres profesionales, dos del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y uno del Punta Europa de Algeciras. El caso de los tres era similar: tras más de una década encadenando contratos de corta duración en el mismo puesto, el SAS dejó de llamarles, denunciaron despido nulo y el juez reconoció su derecho a una plaza como laboral indefinido. Como ellos hay más de 500 sanitarios en toda Andalucía con vistas judiciales que alcanzan hasta el año 2018.

Los servicios jurídicos del SAS han anunciado recursos de estos tres casos que fallan en contra de sus intereses.