"Andalucía debe aspirar a tener un paro del 5%, como una economía avanzada"

Antonio Ramírez de Arellano. Consejero de Economía y Conocimiento.

El titular de Economía y Conocimiento afirma estar tranquilo pese a la denuncia por un presunto delito de prevaricación durante su etapa como vicerrector de la Universidad de Sevilla.

Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento, en un pasillo del Parlamento de Andalucía.
Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento, en un pasillo del Parlamento de Andalucía.
Alejandro Martín

13 de septiembre 2015 - 05:04

Doctor en Física y licenciado en Economía, Antonio Ramírez de Arellano (Sevilla, 1964) da el salto a la Junta de Andalucía tras una larga trayectoria académica en la Universidad de Sevilla. Es autor de más de 150 publicaciones científicas, ha participado en más de 30 proyectos de investigación, y ha registrado cuatro patentes. Su implicación en la vida universitaria arranca en su etapa estudiantil, cuando participó activamente en las asambleas que reclamaban la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad. Presente en el equipo de gobierno de la hispalense desde 2006, en 2012 relevó a Joaquín Luque como rector, tras haber dirigido durante cuatro años el vicerrectorado de Infraestructuras. A esta etapa corresponde la denuncia presentada por el Colegio de Arquitectos de Sevilla, que ha derivado en una investigación de la Fiscalía Superior de Andalucía por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de las obras de un centro de investigación.

-Su anterior gestión en la Universidad de Sevilla le está dando sus primeros problemas como consejero. El listón del pacto de investidura es muy alto. Si resultara imputado, estaría obligado a dimitir.

-No me gustaría entrar en el fondo del tema. En todo caso, sí le puedo decir que cuando me incorporé a este proyecto, sabía cómo es la política en este país. No me siento especialmente sorprendido por la forma de desarrollarse los acontecimientos. Simplemente estaré a lo que se me plantee y procurando responder con agilidad dudas de cualquier tipo, no solamente de mi gestión anterior, sino de mi gestión actual o futura.

-¿Echa en falta alguna manifestación de apoyo por parte de sus compañeros de Gobierno?

-No especialmente. Una de las razones por las que acepté este encargo de la presidenta fue precisamente formar un Gobierno unido, de personas capaces. Y yo me siento muy cómodo en él.

-Al crearse hace una década, uno de los objetivos de la Consejería de Innovación era vincular universidad y empresa. Pero en este caso, la mayoría de las competencias relacionadas con la empresa se han quedado en Empleo y se han alejado de la universidad.

-No comparto esa impresión. El hecho de que estén en consejerías distintas no supone ningún problema. Existe un alto grado de coordinación entre ellas y la Consejería de Economía seguirá teniendo importantes programas enfocados a la conexión del mundo del conocimiento con el de la empresa.

-Usted se significó en su etapa como rector por su oposición a las reformas del ministro Wert. ¿Cree que la presidenta se fijó en usted por ese papel crítico?

-Me va a permitir que no especule sobre las razones de la presidenta. Las universidades andaluzas siguen viviendo un periodo de incertidumbre porque el Gobierno de España entró en una dinámica de recortes sin diálogo. El encargo que tengo es devolver las condiciones de certidumbre a las universidades. Dicho eso, el principal objetivo de mi cargo es la economía.

-Una de las formas de devolver certidumbre a las universidades sería pagarle la deuda que la Junta mantiene con ellas. ¿Cómo se va a articular?

-La idea es devolver la normalidad presupuestaria sin las restricciones que el Gobierno de España imponía. En el tema de la deuda, la hay que recuperar la normalidad en el menor tiempo posible según las circunstancias de los ingresos. Por simple trámite, siempre hay un desfase entre lo que se debe y lo que se paga. Típicamente en los tiempos mejores se situaba en torno a los 300 millones de euros. Ahora está en algo más de 500 millones. El planteamiento es estar pendiente de que las universidades no tengan problemas de tesorería y que no dejen de pagar a los proveedores.

-¿Es sostenible el sistema andaluz con diez universidades públicas en las que todas ofrecen prácticamente todo las titulaciones?

-El origen del modelo andaluz universitario es muy antiguo. La idea que tuvieron los gobernantes a lo largo del tiempo era establecer una estructura territorial. Esto es especialmente importante al producirse una enorme transferencia de rentas entre los lugares que tienen universidades y los que no. En cuanto a la especialización, las leyes que teníamos en España promocionaban que las universidades fueran iguales. Tenemos diez universidades, de las cuales nueve son convencionales. 400 grados y un promedio de 30.000 estudiantes por universidad. Creo que los números de Andalucía son muy racionales.

-Hablando de los grados, uno de los puntos de mayor fricción entre el Gobierno central y las universidades andaluzas fue su implantación. ¿No es incongruente defender el modelo de cuatro años de grado más uno de máster cuando Europa tiende al de 3+2?

-No es del todo cierto que en Europa se esté completamente convencido de que el óptimo es el 3+2. En la última reunión del Espacio Europeo de Educación Superior, hubo muchos países que decían que se debía evolucionar al modelo de 4+1. En Andalucía, hemos terminado de implantar los grados, se está estabilizando la oferta de másteres y los doctorados ya se ofrecen de forma ordenada. ¿Justamente cuando acabamos de hacerlo vamos a cambiarlo todo otra vez? El momento no era adecuado.

-Cinco años después de la implantación del modelo de Bolonia, ¿qué balance hace del proceso?

-Tiene claros y oscuros. Lo más oscuro es que se tuvo que implantar a toda prisa. Y como decían muchos de los contrarios a Bolonia, el Gobierno del PP lo usó para subir los precios de los másteres. Pero también ha tenido sus claros. El foco de atención de Bolonia son los estudiantes. Pasa de una formación muy teórica y formalizada a través de manuales, a otra mucha más flexible ligada a la práctica. Además, en España, se abandona el modelo en el que la universidad estaba fundamentalmente orientada a formar empleados del sector público.

-Otro problema es el B1 de inglés.

-En Andalucía se llegó a un acuerdo entre universidades y Junta para que todos los grados tuvieran como requisito académico complementario al menos el nivel B1 de inglés. Hasta la llegada de la crisis, las universidades pudieron soportarlo con mucha normalidad porque la financiación era suficiente. La Junta de Andalucía lanzó hace pocos meses un programa de apoyo que esperamos que llegue a varios miles de estudiantes. Pero también defiendo que esto no es un problema solamente universitario. Los estudiantes deberían conseguir entrar en la universidad con el B1, más que salir de ella. Pero eso lo trabajaremos entre la Consejería de Educación y la de Economía y Conocimiento.

-¿Qué fue de Andalucía Tech?

-No ha quedado parado. Tenemos seis grados conjuntos que se imparten en Sevilla y Málaga. Justamente en esta semana se está haciendo la evaluación del proyecto y a mí me consta que en ambas universidades no se discute su continuidad.

-¿Usted cree en los ranking universitarios?

-Es igual que si me pregunta en la regla de medir. Simplemente es un referente para saber lo alto que soy. Si dividimos su productividad por su financiación, le aseguro que todas las andaluzas están entre las 200 mejores del mundo. El objetivo que hemos tenido en estos treinta años es que llegara a la universidad todo el mundo con precios asequibles y medidas sociales.

-¿No se ha confundido la cantidad con la calidad?

-Las universidades que tenemos en España se constituyen a partir de la Ley de Reforma Universitaria de los años ochenta, que llegó a la conclusión de que hacía falta extender la universidad a todos los ámbitos de la sociedad. En el caso de Andalucía hay que tener en cuenta que partíamos de una situación importante de desventaja. A finales de la década de los ochenta le dieron al consejero Antonio Pascual un premio en la Unesco por haber conseguido en diez años la alfabetización completa de Andalucía. Eso nos hace recordar que en 1982 había un grave problema de analfabetismo. Cuando uno ve el recorrido que hemos tenido, uno tiene que ser optimista respecto al futuro.

-En las anteriores crisis, Andalucía caía más que la economía española pero se recuperaba con más fuerza. Pero en esta crisis no está siendo así.

-Tiene razón. Pero nuestros datos nos dicen que en el segundo trimestre del año Andalucía ya iguala a España. Hemos crecido un 1% en el trimestre y estamos en un 3,2% interanual. Estamos creando un tercio de los empleos de España y el paro baja mucho más deprisa que en España. Lo que hay que vigilar es si este cambio está basado en el efecto de las medidas de la reforma laboral. El que haya menos gente registrada en el paro no significa que hayamos acabado con el problema.

-¿Qué previsiones de crecimiento manejan para 2015 y 2016?

-Todavía es muy pronto porque primero tenemos que transmitir los datos a Hacienda para la elaboración de los presupuestos. En materia de crecimiento estamos ahora en un 3,2% y todos los analistas hablan de esos números. Acabamos agosto por debajo del millón de parados registrados, y si la economía sigue a este ritmo, tenemos la esperanza de cerrar también el año por debajo del millón.

-La crisis ha avivado las exportaciones andaluzas. Pero este año parece que se están frenando después del récord del año pasado.

-Por Andalucía entra toda la energía de España, por lo que los precios de los hidrocarburos afectan a nuestra balanza. En la balanza no energética, estamos en un nivel de superávit exportador cercano a los 4.000 millones de euros. Su aportación al PIB se ha duplicado en los últimos cinco años, compensando la caída de la construcción. A la economía andaluza siempre le ha ido bien en un contexto internacionalizado, con una economía abierta. Con la crisis, muchas empresas han tenido que mirar fuera y hemos descubierto que somos competitivos.

-Extenda ha unificado oficinas con el ICEX. ¿Su dimensión actual es la adecuada o se plantean más modificaciones?

-La ruta que sigue Extenda es muy prudente. Hemos inaugurado recientemente varias antenas en países que pueden tener futuro y la idea es ver cómo evolucionan esos mercados. Creo que la labor es buena, su estructura es racional y no haremos grandes cambios.

-Dos de las grandes preocupaciones de los autónomos son la Seguridad Social y la fiscalidad, donde la Junta apenas tiene competencias. ¿Qué puede hacer para promover el emprendimiento?

-Promover el emprendimiento es una de las principales funciones de mi consejería. Una de los instrumentos que tenemos es la Fundación Andalucía Emprende que se articula en torno a los 200 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE). Y también contamos con las políticas de autónomos. No apostamos por esta figura como una figura de subempleo. Queremos que la gente pase por ser autónomo como recorrido para crear su empresa, no como un sitio de llegada. Nos hemos comprometido en la agenda por el empleo, que tiene el foco en 2020, a incorporar 200 millones de euros en cuestiones de autónomos. Y hay otra cuestión clave es la eliminación de trabas administrativas. Hay un clamor por la racionalización de los trámites, que sobre todo sufren de forma especial las pequeñas y medianas empresas.

-En la anterior pregunta he cometido un error en lo que se refiere a la fiscalidad. El IRPF que se paga en Andalucía es de los más altos de España.

-No entra dentro de mis competencias, pero usted sabe que el pacto de legislatura con Ciudadanos recoge bajar los tramos autonómicos del IRPF. Yo comparto la opinión de la consejera de Hacienda, y es que esto hay que sintonizarlo con la prestación de servicios públicos de calidad. Mientras que el modelo de financiación autonómico no garantice la suficiencia, tenemos que elegir cuándo hacemos las cosas.

-Para terminar, ¿Andalucía ha salido de la crisis?

-Andalucía está en una ruta de crecimiento pero el Gobierno andaluz sólo dirá que ha salido de la crisis cuando el paro vuelva a unos niveles tolerables y la juventud tenga expectativas de futuro en nuestra tierra, con un empleo de calidad y una economía sostenible, internacionalizada y potente. Antes no. Cuando ha estado mejor Andalucía, el paro estructural era de un 13%. Eso tiene que cambiar. Nuestro paro estructural tiene que ser el que tienen las economías avanzadas, que es a lo que debemos aspirar.

-¿A qué nivel se refiere?

-Una economía avanzada tiene un 4% o un 5% de paro estructural. Eso es pleno empleo. Pero un 13% es una cosa que nos debería hacer reflexionar. El Gobierno andaluz no debe conformarse y debe aspirar a las cosas de verdad.

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