Una profesora de los cursos de Ojeda asegura que colocaban el material para pasar la inspección y luego lo retiraban

Una profesora que trabajó dando cursos en las empresas de Ángel Ojeda ha relatado este martes a la juez María Núñez Bolaños cómo vio que se colocaba el material para pasar la inspección de homologación de las actividades formativas y a continuación se retiraban.

La testigo, María Ángeles C., que en 2014 presentó una denuncia en la Policía en relación con estos hechos, ha explicado que cuando trabajó en la sociedad Innova en Linares (Jaén) ayudó a montar las instalaciones de cara a la homologación, lo que consistía en colocar los ordenadores y el material didáctico del curso. Cuando se pasó esa inspección de homologación, se volvieron a llevar el material en una furgoneta y “lo único que quedaron son los muebles de la cocina”, han asegurado fuentes del caso.

La profesora ha subrayado que cobraban 49 euros la hora pero en realidad recibían sólo 26, dado que el resto iban para unas “contrafacturas” que, según ha dicho, hacía la misma empresa facturando a los profesores en concepto de “servicio de coordinación docente” o por los servicios de uso de las instalaciones y material didáctico.

La testigo ha señalado que ese servicio de coordinación docente “no existía” en realidad y ha añadido que el hecho de que le rebajaran el salario de esos 49 euro por estos conceptos era “una imposición” de la empresa, por lo que tenían que aceptarlo si querían trabajar.

La profesora, que es licenciada en derecho y daba cursos de gestión y de administración, ha añadido que a su juicio no había “justificación” para que la empresa hiciera esas contrafacturas, y ha puesto como ejemplo que otras entidades si abonaban la totalidad de los 49 euros por hora de trabajo, sin rebaja alguna.

La profesora ha explicado igualmente que trabajó en 2010 durante un tiempo para el grupo Prescal, del ex consejero Ángel Ojeda, y ha señalado que en 2011 hubo casi un mes en el que no estuvieron dados de alta, que estuvieron sin contrato, y después la empresa les dijo que tenían que trabajar como autónomos.

Antonio Fernández no comparece

De otro lado, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, no ha comparecido este martes ante la juez María Núñez Bolaños para prestar declaración en relación con el caso de los cursos de formación. Su defensa presentó ayer un escrito en el que solicitaba el aplazamiento de esta declaración, alegando que el próximo 17 de mayo está citado a declarar por la Comisión del Parlamento andaluz que investiga el fraude de los cursos de formación, por lo que pretendía evitar la presión mediática que supondría esta declaración judicial a tan sólo una semana de la comparecencia parlamentaria.

Antonio Fernández fue imputado en el caso de los cursos de formación en julio de 2014 por la juez Mercedes Alaya, quien consideró que en el período en que fue consejero de Empleo (entre 2004 y 2010) concedió "con ausencia de procedimiento diferentes subvenciones” para la formación de los ex trabajadores de Delphi, "sin convocatoria ni base reguladora” y en contra de la ley de Subvenciones.

La juez argumentó también que el ex consejero habría permitido la "subcontratación" de actividades formativas sin estar autorizada esa subcontratación y además se habrían otorgado becas por asistencia a los cursos “por encima del máximo legalmente permitido". Alaya le atribuyó además haber concedido subvenciones a empresas para acciones formativas "en alternancia con el empleo, sabiendo que la relación laboral posterior sería inexistente".

Y por último, aseguró que el ex consejero concedió subvenciones desde 2007 dictando "resoluciones de exoneración de la justificación" de estas ayudas a las entidades beneficiarias en el período comprendido entre 2008 y 2011, contraviniendo de esta forma la ley de subvenciones.