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La pregunta fue directa al mentón del presidente del Gobierno: ¿Se va a respetar el 2% que marca la ley para contratar minusválidos? Usted puede contratarme a mí. Yo estoy preparada". Rodríguez Zapatero respondió con un "claro que sí, siempre que se cumplan los requisitos legales". Izaskun Buelta, una joven dependienta con síndrome de Down, recogió el guante: primero, le dijo "gracias, Zapatero" y a continuación el ya celebre "luego le doy el currículum".

La intervención de esta joven madrileña en el programa Tengo una pregunta para usted ha vuelto a poner de actualidad la incorporación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, principalmente en las administraciones públicas.

Izaskun le puso rostro a una de las denuncias históricas de los sindicatos y las organizaciones sociales, tan manida que se les agota la voz para insistir en el incumplimiento. Desde la Ley de Integración Social del Minusválido de 1982, las empresas con más de 50 trabajadores tienen la obligación de resevar un 2% de empleos para personas con discapacidad. La percepción de CCOO, UGT o la federación que trabaja con personas con discapacidad intelectual Feaps es que la gran mayoría de las empresas andaluzas con este deber, unas 3.700, incumplen la ley. No se difunden estadísticas que lo nieguen.

Un real decreto de 2005 permite a los empresarios acogerse a medidas alternativas (contratos con un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo discapacitado o donaciones a asociaciones como compensación, entre otras), pero a juicio de los coletivos sociales, no favorecen la integración. "Muchas empresas se escudan en estas medidas, pero hace faltan inspecciones de trabajo para favorecer a estas personas", comentó Piedad Pérez, secretaria de Migraciones y Política Social de UGT-A.

En 2008, de las 115.000 visitas que los inspectores de trabajo realizaron a las empresas andaluzas, sólo 170, un 0,15%, se encaminaron a comprobar el cumplimiento de plazas para discapacitados.

En el empleo público, las administraciones se van acercando al cupo del 5%, aunque esto depara dudas a Rosa Berges, responsable de Igualdad de CCOO-A. "No cumple con toda la cuantía que le corresponde, a pesar de los esfuerzos", subrayó Berges. La eficacia en el sistema de los centros especiales de empleo tampoco está clara .

Y dentro de los discapacitados, hay categorías. Los intelectuales (un 17% de ellos con síndrome de Down) y los enfermos mentales son el "farolillo rojo" en el acceso al mercado laboral, lamentó Feaps, que pide la sensibilización de la patronal. "Vamos a muchas empresas que incluso desconocen la legislación, es el colmo", aseguran.

Feaps consiguió en 2008 la inclusión laboral de 477 personas con discapacidad intelectual en su visita o consulta a unas 2.000 empresas. Peón, limpieza, ordenanza, restauración y reposición fueron principalmente las tareas.